Polémica migratoria

Motril se rebela contra el Gobierno central y la Junta por la inmigración: "Ante todo son personas"

  • El Ayuntamiento exige a ambas instituciones una "solución dialogada" tras una suelta de 24 inmigrantes "sin haber pasado la cuarentena"

  • Luisa García Chamorro reprocha a la Subdelegación que "se niegue a asumir sus competencias" y que estas recaigan sobre los Consistorios

Los inmigrantes liberados en Motril, mientras esperaban su traslado a Torremolinos. Los inmigrantes liberados en Motril, mientras esperaban su traslado a Torremolinos.

Los inmigrantes liberados en Motril, mientras esperaban su traslado a Torremolinos. / G. H.

La inmigración sigue siendo uno de los temas candentes en la Costa de Granada y más en tiempos de coronavirus. Tal es así que el Ayuntamiento de Motril ha exigido una "solución dialogada" al Gobierno central y a la Junta de Andalucía para que acerquen posturas y asuman sus competencias en materia de inmigración. Todo ello, después de que la noche de este jueves quedasen en libertad 24 inmigrantes que estaban en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril, "con solo hora y media de preaviso" al Ayuntamiento, según manifestó la mañana de este viernes la alcaldesa de la localidad, Luisa García Chamorro.

La falta de respuesta institucional a los inmigrantes es algo que se ha puesto en tela de juicio en diversas ocasiones. Hace unos meses, nada más iniciarse el periodo de desescalada del coronavirus, Granada capital tuvo que realojar a 13 personas que habían sido fletadas desde Motril, ante la ausencia de organizaciones (ONG) o asociaciones que pudiesen hacerse cargo de ellos una vez habían pasado las 72 horas obligatorias que tenían que permanecer en el CATE.

Esto generó un conflicto político entre los ayuntamientos de Motril y Granada con la Subdelegación del Gobierno, que finalmente acabó con los inmigrantes alojados en el pabellón Paquillo Fernández, tras haber sido soltados frente al Palacio de los Müller, sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada, hasta que pudieron ser reubicados a través de Cruz Roja y la Fundación Cruz Blanca.

Ahora, la polémica en torno a la atención a los inmigrantes ha reaparecido después de que la tarde de este jueves se dejase libre a 24, sin apenas previo aviso al Ayuntamiento de Motril, algo que ha propiciado que la alcaldesa haya cargado contra el Gobierno central y la Junta de Andalucía. García Chamorro ha instado a ambas administraciones a que se comprometan a buscar "una solución que dé respuesta a los inmigrantes y a aquellos ayuntamientos de la región con una mayor presión migratoria". "Más allá de protocolos de actuación y pugnas competenciales, los inmigrantes no son una competencia, sino que son personas", recordó a ambos.

Precisamente, la regidora motrileña recordó el episodio del mes de mayo en el que más de una docena de inmigrantes argelinos se quedaron en la calle, cuando aún se estaba en periodo de confinamiento, para así cargar contra la Subdelegación del Gobierno: "La Subdelegación del Gobierno se niega a asumir sus competencias en materia de inmigración. Se vio en mayo cuando dejó en las calles de Motril a 17 migrantes argelinos, en pleno período de confinamiento obligatorio decretado por el propio Gobierno central", manifestó García Chamorro.

La polémica parte de que estos 24 migrantes se encontraban en el CATE de Motril tras ser rescatados en los últimos días en el mar de Alborán. Sin embargo, según mantienen desde el Ayuntamiento, este jueves, a las nueve de la noche, fueron liberados tras haber pasado las 72 horas pertinentes en dicho centro. Sin embargo, habrían sido soltados "sin haber pasado la cuarentena y tras haber tenido contacto con otros inmigrantes positivos en Covid", según García Chamorro.

Ante esta situación, calificada de "esperpéntica", por la concejal de Acción Social de Motril, Inmaculada Torres, el Ayuntamiento, que mantienen que fue avisado con "solo hora y media de antelación", fletó un autobús para trasladarlos finalmente a un centro de atención de Torremolinos, una competencia que, según el Consistorio, "no corresponde a los Ayuntamientos".

Ante ello, la alcaldesa anunció que presentará la correspondiente queja oficial ante la Subdelegación del Gobierno, porque entiende que "no son formas de tratar a estas personas que llegan a España en patera" y por hacer "recaer la responsabilidad sobre estas personas en el Ayuntamiento de Motril".

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