El día 3 de abril de 2018 salió del puerto de Cartagena un velero con bandera holandesa llamado Wallstreet. Su destino provisional era Motril, donde atracó un día después. Solo estuvo unas horas en este punto de la Costa de Granada antes de ser visto y localizado con rumbo a Marbella, pero el puerto motrileño es parte de la ruta que esta embarcación, supuestamente de recreo, hacía para transportar toneladas de droga desde Sudamérica hasta España. 

El día que el velero fue abordado por las autoridades españolas después de varios meses de seguimiento a través de sistemas de localización, en su interior había 54 fardos de cocaína, que estaban "desperdigados por los diferentes camarotes de la embarcación, así como en los baños y pasillos de la misma". En el informe sobre las sustancias incautadas aparece que la cocaína tenía una riqueza media comprendida entre el 62’65% y el 66’99%.  Su valor de venta era de 46 millones de euros. 

La Audiencia Nacional acaba de condenar a penas de entre 8 años y 21 años y seis meses de cárcel a los 12 integrantes y colaboradores de esta organización criminal que entre 2018 y 2019 introdujeron en España casi tres toneladas de cocaína procedente de Sudamérica en dos embarcaciones, el velero Wallstreet (que estuvo atracado en Motril) y un pesquero.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, los magistrados de la Sección Segunda imponen al jefe de la organización, Hicham Ouassasi, una pena de 21 años y medio de prisión por un delito contra la salud pública que causa grave daño y en cantidad de notoria importancia, extrema gravedad y en organización criminal y dos delitos de falsedad. Además, le condenan al pago de multas que suman casi 200 millones de euros.

Al resto de acusados, el Tribunal les impone penas de entre los ocho años de cárcel para los tripulantes de las embarcaciones y 15 años para otros miembros destacados de la organización y multas de entre 90 y 100 millones de euros a cada uno. Por contra, la Sala absuelve a Nadia Bahloul del delito del que le acusaba la Fiscalía Antidroga.

Los hechos probados de la sentencia señalan que durante los años 2017 a 2019 un grupo de personas se dedicaba al aprovisionamiento en Sudamérica de diferentes partidas de cocaína para su introducción en España a través de embarcaciones, realizando actividades en diferentes lugares de nuestro país, especialmente en la Costa andaluza y en Galicia. Y para ello, utilizaban numerosos medios para facilitar sus actividades delictivas y dificultar las investigaciones policiales: gran número de teléfonos móviles, algunos de ellos satelitales; coches del alquiler o medidas de contravigilancia, entre otros.

Esta estructura criminal estaba liderada al menos por Hicham Ouassassi, quien organizó y supervisó, según el Tribunal, las dos operaciones que se han declarado probadas, el velero Wallstreet que fue abordado en alta mar el 25 de junio de 2018 con 1.350 kilos de cocaína y con un valor de venta de 46 millones de euros y el pesquero Apollo I, interceptado el 16 de mayo de 2019 con 1.500 kilos de la misma sustancia con un valor superior a los 53 millones.

La sentencia, ponencia del magistrado Joaquín Delgado, detalla todas las pruebas que sustentan la condena, entre otras, las vigilancias policiales, los dispositivos de geolocalización instalados en los medios de transporte utilizados por los condenados (embarcaciones y vehículos a motor), las interceptaciones de comunicaciones, así como todos los dispositivos electrónicos incautados en las detenciones y la documentación aprehendida en los registros realizados.

Frente a la Fiscalía que acusaba de dos delitos de tráfico de drogas, la Sala condena por un único delito al entender que entre ambas operaciones de introducción de la droga no ha existido una ruptura jurídica, puesto que sería necesario que la acusación acreditara que el acusado conocía con seguridad que existía un proceso penal dirigido contra él por los hechos del primer transporte de cocaína realizado con la embarcación Wall Street.

La resolución de la Audiencia descarta las nulidades plateadas por las defensas en relación con las interceptaciones de comunicaciones y las geolocalizaciones llevadas a cabo en sus medios de transporte.