Los ayuntamientos de la Costa de Granada miran con "preocupación", "prudencia" e "incertidumbre" la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la anulación de varios aspectos del Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como Impuesto de Plusvalía, y que supone una importante fuente de financiación para los consistorios municipales, y que viene reflejada en los presupuestos generales de cada ayuntamiento.

Una eliminación del tributo que en muchos casos compromete la redacción de los presupuestos del 2022 para los ayuntamientos, así como el cuadre de las cuentas de este año.

El teniente de alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Motril, Nicolás Navarro, indicó a Granada Hoy que ante la "incertidumbre" que había en los últimos años sobre este tributo, ya se había recortado de forma "prudencial" esta partida de las cuentas municipales, aunque reconoció que "sigue siendo una parte importante del presupuesto municipal" y que para el 2022 tenía una dotación cercana a los dos millones ochocientos mil euros, lo que representaría un 5% del cómputo general.

Por lo que mostró su preocupación ante "la incertidumbre" por lo que se adhiere a la petición realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de pedir al Gobierno central que agilice el cambio de la normativa y compense a los municipios por la falta de esas recaudaciones, y espera que "antes de final de año se normalice la situación, para que se puedan llevar las cuentas del próximo año a aprobación como estaba previsto".

La primera instrucción que se ha dado en el Ayuntamiento motrileño es para que los técnicos municipales estudien la situación generada y las posibles alternativas que pudiesen existir, ya que la falta de esta partida presupuestaria "podría poner en peligro diversos servicios básicos" que prestan los consistorios a los ciudadanos. Navarro resaltó que "es un problema que afecta directamente a todos los ayuntamientos españoles" por lo que urgió al Gobierno que busque una solución que compense la pérdida de esta importante partida.

Por otra parte, la alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, confirmó a este periódico que la anulación realizada por el Constitucional "ocasiona que se tenga que dilatar en el tiempo la presentación de los próximos presupuestos municipales, pese a que ya se encontraba realizado y pendiente tan solo de pequeños detalles", al tener que "retraer de los ingresos las previsiones que había, que son algo más de 500.000 euros", y que condicionan el presupuesto de 2022, unido a "unas amortizaciones de un préstamo a proveedores del 2012 que tenemos que hacer cargo desde el próximo año por un importe de 800.000 euros". Una merma en los ingresos y un aumento de los gastos que "van a condicionar el presupuesto del 2022".

Rufino resaltó que esta situación pone de manifiesto "la necesidad de abordar la financiación local" que es "una asignatura pendiente de la Constitución".

Una problemática que afecta a todos los ayuntamientos de la Costa en mayor o menor medida al tener previsión de partidas presupuestarias por este impuesto que fue anulado y que en este año tenían previsto generar en Motril con 2,7 millones, Almuñécar (860.000), Salobreña (500.000) o Torrenueva Costa con 480.000 euros.