Denuncian el nuevo cierre de una playa de la Costa por bacterias fecales sin denuncias ni sanciones

No hay dos sin tres, aunque el cierre de playas o la recomendación de abstenerse al baño por la alteración de los parámetros microbiológicos del agua, es una historia que ya conocen bastante bien en distintos puntos de la Costa Tropical. La delegación Territorial de Salud y Consumo en Granada ha emitido una prohibición temporal del baño en un tramo de la playa de Salobreña, tras detectar una alteración en los parámetros microbiológicos del agua, concretamente en la concentración de Escherichia Coli, según se recoge en los resultados de la última analítica realizada. No es la primera vez que esto ocurre en Salobreña este verano que, al igual que Carchuna -en su caso han sufrido el cierre en hasta tres ocasiones-, pide a la desesperada que las administraciones actúen para encontrar el foco o focos responsables de los vertidos.

En el caso de Carchuna la situación se agrava. Los vecinos de la urbanización de La Perla han visto como en hasta tres ocasiones unos carteles advertían que no podían hacer uso de su playa, además coincidiendo con el fin de semana, y tras todo el verano siguen sin conocer el causante de los males. Tras el primer cierre, la Entidad Local Autónoma de Carchuna -Calahonda interpuso una denuncia ante el Seprona y ante la Fiscalía para que investigasen las causas.

Según apuntan fuentes de la ELA a este periódico, están a la espera de recibir los resultados de dicha investigación, que podrían estar listas en próximas semanas para presentarse en instancias superiores. La temporada estival prácticamente se da por terminada, y la mayoría de los vecinos de segunda residencia han vuelto a sus casas con el verano echado por tierra, por lo que desde la ELA apuntan a que no piensan parar hasta conocer la causa para las alteraciones microbiológicas.

La ELA contrató tras los primeros resultados a una empresa externa para que realizase las mismas muestras que realiza la consejería de Salud, siguiendo los protocolos establecidos por la ley, sin embargo, las muestras analizadas distaban mucho de los realizados por los oficiales, por lo que no entienden lo que está pasando.

Estas mismas fuentes señalan que se habría convocado una reunión con distintas administraciones para analizar lo que ha ocurrido este verano en esta zona de la Costa Tropical, pero por distintos motivos dicha reunión se ha ido aplazando sin una fecha fija a la vista.

Tras el segundo cierre de la playa y el nerviosismo evidente de los usuarios, varios responsables apuntaron a que se cumplían con todas las medidas necesarias y que era responsabilidad de la ELA encontrar la causa de dichas alteraciones, aunque esta no tiene las competencias en agua. No obstante, el presidente de la Entidad Local Autónoma, Juan Alberto Ferrer, ha señalado a Granada Hoy que están tranquilos con la gestión realizada, y que están a la espera de lo que determine la investigación del Seprona para tomar las acciones legales que hiciesen falta.

En el lado opuesto del litoral, desde la asociación Cal y Caña de Salobreña señalan que no es el primer episodio en los últimos años ni la primera vez que paso algo así este mismo verano. Inciden además en que les parece sorprendente que en esta ocasión el Consistorio se haya limitado a poner unos carteles en la playa afectada sin informar de la fecha ni el tiempo de vigencia, más sabiendo que llega el fin de semana y que debido a la previsión de altas temperaturas, serán muchos los usuarios que se desplacen hasta esta playa para disfrutar de una jornada de sol y playa.

De hecho, según la resolución a la que ha tenido acceso este periódico, la prohibición está firmada a fecha de 17 de septiembre, y los carteles están en la playa desde el jueves. "Hemos comunicado nuestra inquietud a los responsables de las concejalías de Playas y Medio Ambiente, además de a la alcaldía, sin respuestas de momento", apuntan desde la asociación.

Por otra parte, añaden que el afrontamiento del problema de los vertidos ilegales de aguas residuales en el mar "asusta cada vez más a nuestros dirigentes que, en vez de abanderar la solución, esconden la vergüenza para no dañar la imagen de Salobreña, sin tener en cuenta lo que se está anunciando con la negligencia".

Motivo por el que desde Cal y Caña han pedido que se convoque de forma inmediata una reunión de la Mesa del Agua, en la que se levante acta de propuestas, acuerdos y compromisos con un calendario de seguimiento.

La Mesa del Agua se formó el pasado año tras el cierre parcial que sufrieron en la playa de la Charca en el verano del 23, y para terminar con una mancha que ha aparecido de forma esporádica durante los últimos veranos entre el Peñón y La Guardia. Aunque no se trata de un problema exclusivo de esta zona del litoral, ya que en los últimos años se viene repitiendo incesantemente en distintos puntos y que cambia de color dependiendo del lugar donde se encuentre, en la Villa le han declarado la guerra a la mancha y están decididos en encontrar el foco o focos que originan cada año este problema. A mediados de mayo volvieron a reactivar al comité con representantes de las distintas administraciones, entidades y colectivos que la componen con el objetivo de analizar los avances en la mejora de la calidad de aguas de baño de Salobreña así como para determinar las actuaciones que se debían tomar de cara a la temporada de baño 2025, entre otras cuestiones. Según apuntaba el alcalde de la Villa, Javier Ortega, tras el anterior cierre de un tramo de la playa, se habían realizado analíticas independientes en diferentes puntos para encontrar el posible foco de la contaminación y se volvía a poner en marcha la citada mesa.

Ortega expresó su malestar por la situación, cuya solución supera las competencias del Ayuntamiento, y anunció que se tomarían las acciones judiciales oportunas para que cada administración y organismo implicado asumiese su responsabilidad en este delito contra la salud pública, y añadió que, bajo su opinión, se estaba haciendo dejación de funciones por parte las administraciones competentes, como Costas, Mancomunidad o la propia Delegación de Salud, que actúan "como si esto no fuera con ellos". Además, aseguró que desde el Ayuntamiento "hemos asumido competencias impropias porque el daño que se produce al turismo, a la economía y a la imagen de Salobreña con el cierre de una playa es intolerable".

Al igual que Carchuna, los posibles vertidos de Salobreña estarían en investigación por parte del Seprona tras la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento.

IU señala a la Junta de Andalucía y su "dejación" ante los vertidos

La situación no ha pasado inadvertida para la formación de Izquierda Unida en Granada, que ha denunciado la "situación de abandono y dejación de funciones" por parte del Gobierno andaluz ante los vertidos de aguas residuales que han obligado a cerrar en varias ocasiones playas de la Costa Tropical, como las de Carchuna y Salobreña, durante este verano. Una situación que, apuntan, sigue sin aclararse.

Recuerdan que la gestión del agua, el control de su calidad y la vigilancia del cumplimiento de la normativa son competencias exclusivas de la Junta de Andalucía, a través de la Cuenca Mediterránea Andaluza (antigua Confederación Hidrográfica del Sur). Sin embargo, denuncian que la Administración autonómica se ha limitado a tomar muestras de agua sin asumir su obligación de investigar, sancionar y poner soluciones, "dejando a los ayuntamientos y a la ciudadanía a su suerte, mientras se degrada el litoral andaluz y se repite el mismo problema año tras año".

Denuncian que es "una auténtica estafa a la ciudadanía, que lleva décadas pagando un canon de depuración de aguas que no se ejecuta o se ejecuta de manera insuficiente. La población cumple con su obligación de pagar, pero el servicio no se presta, y el resultado es que nuestras playas se ven contaminadas y nuestros vecinos y visitantes expuestos a riesgos para su salud". Y señalan que el problema es la consecuencia directa de un modelo de turismo insostenible que multiplica la población de la Costa durante los meses estivales sin tener en cuenta los límites del medio natural y sin invertir lo necesario en infraestructuras de saneamiento y depuración.

La organización considera especialmente grave que, pese a la reiteración de estos episodios, la Junta de Andalucía ni siquiera haya presentado denuncias ni sanciones. "La ciudadanía, los negocios de hostelería y el sector turístico pagan las consecuencias de una mala gestión mientras el Gobierno andaluz se lava las manos y protege los intereses de las grandes promotoras", ha criticado IU.