La alcaldesa de Motril, más cerca de ser juzgada por un jurado popular

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril ha celebrado la audiencia preliminar prevista en la Ley del Jurado en la causa por malversación de caudales públicos que hay abierta contra la alcaldesa de la localidad, Luisa García Chamorro, al usar presuntamente dinero de su partido para pagar una multa a la que fue condenada en 2017. Hace algo más de un año la defensa de la regidora municipal presentó un recurso que fue desestimado por la juez que lleva el caso.

Tras esta vista judicial celebrada el pasado 19 de septiembre, se abre un proceso en el que el juez instructor emitirá un auto de hechos justiciables en el que se relacionan los hechos que serán objeto de juicio y los delitos a los que se enfrentan las personas investigadas.

Según informan fuentes judiciales, tras la celebración de la audiencia, el juez instructor no adoptó ningún tipo de medida cautelar o la realización de nuevas pruebas, por lo que el procedimiento se ha enviado a Fiscalía para que presente el escrito con sus peticiones.

Este procedimiento es un paso más en la investigación que se está realizando en la causa por malversación de caudales públicos que hay contra la popular y que dará paso a un auto de hechos justificables, al escrito de acusación y finalmente, si todo sigue el camino marcado, a la apertura de un juicio oral.

Dicha audiencia preliminar es uno de los pasos que se dan en el último año, al menos que se haya conocido públicamente, después de que hace algo más de un año un juzgado de Motril decidiese el sobreseimiento provisional de dos de las tres investigadas en la causa abierta contra García Chamorro. La titular del juzgado acordó entonces el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se mantenían contra la secretaria del grupo municipal y una ex concejal del grupo popular que estaba autorizada con firma mancomunada de la cuenta.

Además, quedaron sin efecto las diligencias encaminadas a recibir declaración en calidad de investigadas a las personas que intervinieran en las operativas de pago a la investigada García Chamorro en la Diputación Provincial. El sobreseimiento se realizó tras la presentación de los escritos por parte de las defensas.

En el auto, al que tuvo acceso Granada Hoy, la jueza consideró que "no puede estimarse debidamente justificada la perpetración del delito de malversación de caudales públicos" por parte de estas dos investigadas, debiendo, por lo tanto, "decretarse el sobreseimiento provisional de las presentes diligencias respecto de las mismas, pues el deber del juez de Instrucción no es agotar las posibilidades de investigación, sino no alargar innecesariamente el proceso para salvaguardar los derechos de los posibles implicados".

Apuntaba que habría sido la propia García Chamorro quien ordenó la ejecución de las transferencias bancarias para el pago de los conceptos citados, sin que las otras investigadas tuvieran intervención en la decisión ni capacidad para cuestionar su materialización, pues las transferencias no puede obviarse, eran ordenadas por quien ostentaba la dirección del partido y amplias facultades de administración y decisión sobre el dinero existente en la cuenta corriente de dicho Grupo Municipal procedente de los presupuestos del Ayuntamiento -lo que sería extrapolable a la transferencia y cheque emitido por la Diputación Provincial-, sin que existan indicios racionales de que previamente se concertaran al efecto.

Los hechos ocurrieron en junio de 2017, cuando la Audiencia Provincial de Granada condenó a la popular, que en ese momento era vicepresidenta Primera de la Diputación y consejera delegada Visogsa, al pago de una multa de 1.080 euros como autora de un delito de injurias graves con publicidad, cometido con motivo de sus declaraciones en una rueda de prensa contra un exgerente de Visogsa de la etapa socialista. También estaba obligada al pago de 5.096 euros en concepto de responsabilidad civil (por la publicación en medios de comunicación) y más de 3.000 euros por costas procesales.

La alcaldesa de Motril apuntó en su recurso que en cuanto se puso en duda su uso de dinero del partido para pagar esta condena lo devolvió y que, en todo caso, los hechos constituirían un delito de prevaricación, que no juzgaría un jurado popular. Sin embargo, el juzgado instructor desestimó dicho recurso y apuntó que "el carácter público de los fondos viene determinado por su origen".

En el auto al que tuvo acceso Granada Hoy, la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Motril incidió en que "la dotación económica asignada a los grupos políticos, tanto de los ayuntamientos como de las diputaciones, tiene un origen público, lo que excluye el carácter de libre disponibilidad que parece defender la recurrente".

Por otra parte, en lo que se refiere a la respuesta de García Chamorro en el recurso de que en cuanto se puso en duda el uso del dinero lo devolvió, la juez rechazó "rotundamente" que se consideren subsanados los hechos por haber devuelto el dinero y detectó en la defensa un "evidente fin" de eludir el procedimiento ante el tribunal del jurado al hablar de prevaricación y no de malversación. Sumándose de esta forma a la línea de la Fiscalía y ordenando que se siguiese con la tramitación de la causa procesal contra García Chamorro.