Lamentan la demora en el caso judicial contra la alcaldesa de Motril

Izquierda Unida ha reclamado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril que agilice las diligencias, fije un calendario claro para la resolución del caso y evite más retrasos en el proceso judicial contra la alcaldesa, Luisa García Chamorro, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, se prolonga sin resolución tras más de tres años y medio desde que se presentara la denuncia en octubre de 2021.

A juicio de Izquierda Unida esta dilación, marcada por continuos aplazamientos y falta de avances, no solo socava la confianza en el sistema judicial, sino que perpetúa una situación de incertidumbre que daña profundamente la imagen de nuestra ciudad y el derecho de los motrileños a una administración transparente.

En julio de 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril declaró el sobreseimiento provisional de dos de las tres investigadas en la causa abierta contra la alcaldesa de Motril, que es la única que se mantiene, por un delito de malversación de caudales públicos al usar presuntamente dinero de su partido para pagar una multa a la que fue condenada en 2017.

La titular del juzgado acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones que se mantenían contra la secretaria del grupo municipal y una exconcejal del grupo popular que estaba autorizada con firma mancomunada de la cuenta, está última defendida por el letrado Antonio Illana Conde.

Sin embargo, la investigación continúa en la fase de instrucción. La vista preliminar programada para junio de 2024 fue pospuesta por la necesidad de incorporar documentación bancaria y evaluar la posible inclusión de un testigo como investigado, sin que se conozca una nueva fecha.

García Chamorro tenía previsto declarar en calidad de investigada por un presunto delito de malversación de caudales públicos por el presunto uso de dinero público para pagar una multa a la que fue condenada en 2017.

Desde la formación, inciden en que mientras el proceso judicial continúa sin avanzar, García Chamorro gestiona un presupuesto municipal para 2025 de más de 64 millones de euros, lo que sitúa la enorme responsabilidad de su cargo y debería determinar la necesaria ejemplaridad de sus comportamientos. En Izquierda Unida se considera que resulta inaceptable que quien administra estos recursos públicos permanezca bajo sospecha de malversación sin que la justicia actúe con la rapidez necesaria.

Además, apuntan, percibe un salario anual bruto de 72.000 euros, aprobado en junio de 2023 tras un incremento del 19% respecto a los 53.000 euros que cobraba anteriormente, superando incluso en ese momento el sueldo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (71.667,36 euros). Esta subida, que también benefició a los tenientes de alcalde con un aumento del 31% (de 40.000 a 59.000 euros), fue criticada por la oposición como "desproporcionada" y "carente de sensibilidad" en un contexto de dificultades económicas para muchas familias motrileñas.

En este sentido, el coordinador local de IU, José García Llorente, ha declarado que "que la alcaldesa continúe disfrutando de este elevado salario mientras el proceso judicial se dilata indefinidamente es un agravio para la ciudadanía, que exige transparencia y responsabilidad".

Además, ha apuntado que "la justicia debe ser pronta para ser efectiva. Cada día que pasa sin avances en este caso refuerza la percepción de impunidad y debilita la credibilidad de las instituciones. Los motrileños merecen saber si la persona que gestiona millones de euros de sus impuestos incurrió en un delito tan grave como la malversación. No puede ser admisible que la lentitud judicial se convierta en un escudo para eludir responsabilidades", además de reivindicar una justicia independiente, rápida, transparente y al exclusivo servicio de la ciudadanía.

Llorente ha anunciado que su formación se ha interesado ante la Administración de Justicia por la situación del proceso y sus plazos previsibles de resolución, sin haber obtenido una respuesta convincente, por lo que no descarta plantear una queja ante el Defensor del Pueblo.

"Emprenderemos todas las acciones que estén a nuestro alcance para no permitir que este asunto quede en nada, diluido en el fango de contiendas políticas y campañas de cuestionamiento del Estado de derecho", ha señalado.