La nueva tasa de la basura de Motril crea discrepancias políticas en el Ayuntamiento

La modificación de la tasa de la basura que afectará a los vecinos de Motril a partir del próximo año trae de cabeza a los grupos de la oposición que la tachan de injusta y desigual porque afectará a familias de los barrios trabajadores del municipio que, por la idiosincrasia de la ciudad tienen casas grandes, y beneficiará a barrios en expansión y considerados de lujo o segundas residencias, como Playa Granada.

En el último pleno extraordinario celebrado se debatió la modificación de dicha ordenanza, el concejal de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, explicó que se trataba de un cambio, pasando de tener el importe por categorías a calcularlo en base a los metros cuadrados de las viviendas, apuntando que la ley persigue que pague más quien más contamine. Además, aseguró que de esta forma se reducía el importe del impuesto que se pagaba por el mínimo 85 euros y a partir del próximo año se empezaría a pagar 83 euros.

Desde el PSOE de Motril han anunciado que presentarán alegaciones formales al considerar la nueva ordenanza "profundamente injusta y socialmente regresiva", ya que sustituye el sistema vigente por otro que calcula la tasa exclusivamente en función de la superficie del inmueble, lo que en la práctica "va a suponer que miles de motrileños y motrileñas paguen más por el mismo servicio de recogida de basura".

La portavoz socialista, Gádor Domínguez, explicaba que este nuevo modelo "no atiende ni a la renta, ni al número de personas que viven en la vivienda, ni al valor del inmueble. En barrios humildes, donde las casas son más amplias pero los ingresos mucho menores, se acabará pagando más que en zonas residenciales de lujo. Es una medida injusta que rompe la equidad tributaria".

En la misma línea, el portavoz adjunto de AxSí, Carlos Luis García, indicó que la formación también presentó alegaciones con el objetivo de "defender una fiscalidad municipal más justa, equitativa y sostenible, que no castigue a las familias con menor capacidad económica ni desincentive las buenas prácticas ambientales".

Entre las principales alegaciones, los andalucistas rechazan el nuevo criterio de cálculo de la tasa, manifestando su oposición al mismo, debido a que sustituye el valor catastral del inmueble por los metros cuadrados construidos. Y consideran que la modificación rompe "el principio de equidad y capacidad económica", recogido en el artículo 31.1 de la Constitución y en la Ley de Haciendas Locales, al no reflejar la verdadera situación económica de los contribuyentes. "Una vivienda más grande no implica mayor capacidad económica ni mayor generación de residuos", subrayó García, recordando que el número de ocupantes y los hábitos de consumo son los factores que realmente determinan la cantidad de basura producida.

Por su parte, desde IU Verdes Equo consideran que esta subida generalizada tiene el único objetivo de financiar la privatización del servicio que cuesta a los vecinos más de 11 millones de euros.

La portavoz, Inma Omiste, apuntó que la nueva tasa pasa por el cambio en la forma de calcular la tasa "para camuflar la subida ahora la tasa se calcula atendiendo a los metros cuadrados de la vivienda, independientemente de la calle en la que se encuentre y sin tener en cuenta ni el número de residentes ni la renta". Y añadió que no se ha ajustado a lo establecido en la ley "ya que no se incluyen para el cálculo de la tasa, datos como el número de empadronados en una vivienda o el volumen de residuos generados a lo largo del año, ni siquiera el porcentaje de residuos separados correctamente, que a fin de cuentas es lo que se persigue con esta normativa".

De este modo, por ejemplo, los vecinos de las calles más humildes como en los barrios de las Angustias, Cerrillo Jaime o San Antonio pagaran más que Playa Granada o en el centro de Motril, suelen ser residencias amplias y antiguas, pero en barrios humildes donde sus residentes en la mayoría de los casos son personas jubiladas o familias con menos recursos sobre los que recae el grueso de la subida de la tasa.

Reclaman que la ordenanza incluya reducciones de la cuota para las personas con mayores necesidades y menos recursos económicos, también para los establecimientos comerciales, actualizando los términos y las cuantías de la ordenanza vigente y, en su caso, incluyendo a nuevos beneficiarios.