Tribunales

Más de 7 años de prisión para dos guardia civiles de Salobreña por facilitar la introducción de droga por la Costa

  • De tres meses a ocho años de cárcel para otras 18 personas

Imagen de archivo de una operación de la Guardia Civil contra el tráfico de hachís.

Imagen de archivo de una operación de la Guardia Civil contra el tráfico de hachís. / G. H.

La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a dos agentes de la Guardia Civil destinados en Salobreña a más de siete años de prisión, e inhabilitación absoluta por dieciséis años, para cada uno de ellos, por su pertenencia a un grupo organizado que se dedicaba a introducir droga para después transportarla  a Francia o a otros puntos de España. De igual forma se condena a otras dieciocho persona con penas que van desde más de tres meses a ocho años de cárcel. Y se absuelve a dos de los enjuiciados. 

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Granada Hoy y que es recurrible ante Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a los dos guardias civiles se les condena como autores de delitos por pertenencia a grupo criminal, a la pena de un año de cárcel, con la accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de dicha condena. Por conspiración, por cometer un delito contra la salud pública a nueve meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de dicha condena, e inhabilitación absoluta por seis años. Y por un tercer delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a cinco años y seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el periodo de la condena, así como la inhabilitación absoluta por diez años. Además, se les impone multas por un total de más siete millones de euros.

Entre los hechos enjuiciados el pasado mes de febrero por la Audiencia Provincial de Málaga se encuentra  el traslado en vehículo en abril de 2016, por parte de dos de los acusados, de 97 kilos de hachís al norte de España, si bien fueron sorprendidos en Torrelavega y uno de ellos logró escapar. Posteriormente, en mayo de ese mismo año organizaron un transporte de hachís que pretendían ocultar en un camión de frutas y verduras con destino a Perpiñán (Francia). 

Varios de ellos fueron detenidos en la A-7 a la altura del término municipal de Vélez-Málaga en una furgoneta con la mercancía que transportaban y en un turismo de alquiler que utilizaban de lanzadera. 

Otros miembros de este grupo se dedicaban presuntamente a introducir la droga por vía marítima, para lo que contaban con la colaboración de los dos agentes de la Guardia Civil que estaban destinados en el acuartelamiento de Salobreña que presuntamente facilitaban los  cuadrantes de servicio de la zona y concretaban cuándo podía llegar la embarcación sin ser interceptada a cambio de una compensación. 

En una de las operaciones realizadas en junio del 2020 fueron sorprendidos parte de los imputados en Rincón de la Victoria (Málaga) con un alijo de más de 2.100 kilos de hachís que estaban repartidos en 71 fardos con un valor de más de 3,3 millones de euros. 

Tras las detenciones, los agentes intervinientes desarrollaron registros en varios domicilios, en uno de los cuales localizaron documentación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Málaga y Almería, de la comandancia de Granada y de Aduanas de Algeciras (Cádiz), entre otros. También encontraron numerosos dispositivos móviles, tarjetas SIM y diferentes cantidades de dinero en efectivo. 

El Ministerio Fiscal consideraba en su escrito de acusación que los hechos eran constitutivos de nueve delitos, entre ellos la presunta pertenencia a grupo criminal, tráfico de sustancias estupefacientes y robo, entre otros. En el caso de los dos agentes de la Guardia Civil se les atribuía a cada uno de ellos la posible pertenencia a grupo criminal, un delito de tráfico de sustancias estupefacientes que no causan grave daño a la salud y conspiración para el mismo delito, por lo que le pide a cada uno de ellos algo más de ocho años de prisión así como la inhabilitación absoluta durante 15 años.

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