Salobreña solicitará la renegociación de los precios de las expropiaciones de las obras de Rules
Señalan que el 65% de las parcelas expropiadas son de particulares y están comprometidas por la ejecución de la infraestructura
Lamentan que los agricultores han recibido 12 euros de media por metro cuadrado, mientas que en las expropiaciones que se realizaron para construir la A-7 se pagaron 60 euros
El corte de tráfico de la A44 para solucionar los problemas de deslizamiento que afectan a un pilar del viaducto de Rules será en 2025
El Ayuntamiento de Salobreña solicitará al Ministerio de Transición Ecológica la renegociación de los precios de las expropiaciones realizadas para la construcción de las canalizaciones de Rules, al considerar que no se ha ofrecido un precio justo por las tierras, así como para compensar a los agricultores de la zona que están sufriendo daños colaterales derivados de las obras en sus fincas.
Una propuesta presentada en el último pleno extraordinario del Consistorio de la Villa por el Partido Popular y que ha contado con el respaldo de toda la corporación municipal. La concejal del PP, María del Carmen Vílchez, ha explicado que ya en el anterior pleno municipal pusieron sobre la mesa el malestar que había entre los agricultores de la zona por los daños colaterales de las obras de las canalizaciones de Béznar-Rules, que afectan a unas 400 parcelas y más de 33 hectáreas de Salobreña, Molvízar y Vélez de Benaudalla.
En la moción, que se ha declarado institucional al contar con el apoyo de todos los grupos municipales, exponen que el 65% de las parcelas expropiadas por el Gobierno son propiedad de particulares, es decir, cerca de 260 fincas se ven comprometidas por la ejecución de la infraestructura. "A finales de 2023 se tramitaron las expropiaciones, pero los dueños no están de acuerdo y piden al Ministerio de Transición Ecológica, así como a las empresas y consultoras asociadas al proyecto, un precio justo para sus tierras. Dichas expropiaciones han ocasionado a la mayoría de los propietarios daños en riegos, pérdidas en árboles, terrenos explotados que quedan inútiles, lindes de las parcelas destruidas, muros de protección destrozados, inundaciones en cortijos y un sinfín de contratiempos que hacen que una obra histórica que esperaba el litoral desde hace veinte años, para estos agricultores se torne amarga".
Además, inciden en que los agricultores no se oponen a la realización de esta infraestructura, pero si lamentan el perjuicio que están soportando en su patrimonio, recibiendo hasta un 80% menos por sus parcelas que cuando se expropiaron terrenos para construir la A-7. En aquel momento, las personas que vieron sus fincas afectadas percibieron hasta 60 euros por metro cuadrado; sin embargo, ahora reciben unos 12 de media, algo que se reduce hasta 4 euros en el caso de la expropiación forzosa por servidumbre, motivo por el que "exigen una revisión de los precios". Los afectados presentan alegaciones al considerar que están muy lejos de los precios de mercado.
Por otra parte, resaltan que según los expertos y abogados consultados por los propios afectados "el procedimiento empleado para expropiar el terreno no cumplió con todas sus garantías. En muchos casos, sin antelación, se les citó en sus consistorios para que firmaran el acta previa de ocupación. En las jornadas en las que tuvieron lugar las citaciones se pretendía poner fin al procedimiento, también con la firma del acta de ocupación y de mutuo acuerdo, cuando no se habían delimitado con estacas las áreas afectadas". Al hilo, añade que los afectados no contaron con la información necesaria, ni se explicaron en que se basaban las valoraciones, "se les convocó en una sala sin tiempo de reacción para que aceptaran o rechazaran una oferta que condicionasen sus vidas". Resaltan que la cantidad que ofrecía Acuaes no tiene en cuenta el gasto que los agricultores tendrán que poner para poner de nuevo en funcionamiento sus fincas, ni el lucro cesante, ya que una vez concluyas las obras, se verán afectadas en una merma del dominio, no se podrán volver a plantar árboles por donde pasan las tuberías y las zonas por donde han transitado las máquinas tardarán en volver a ser útiles para el labrado.
El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha recalcado que se solicitó al PP realizar unos cambios para hacerla institucional al considerar que "el precio que se ha pagado, dista mucho de las expropiaciones que se realizaron en la A-7. También hay que tener en cuenta cómo se están ocupando los terrenos, que quedan inutilizados, no se pueden regar o se inundan constantemente".
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