Tomás Monago

En los últimos años, el aceite de oliva ha sufrido una brutal presión a la baja sobre los precios, motivada por varios factores. En primer lugar, las últimas campañas han sido los de mayor producción de la historia, y especialmente 2011-2012, con casi 1.600.000 toneladas en España. La industria y, sobre todo, la distribución han aprovechado esa inmensa oferta para reducir precios, y el aceite de oliva -producto básico para los españoles- ha servido de producto reclamo en numerosas ocasiones, con ofertas en los lineales que en algunos casos se situaron en 1,80 euros el litro. La parte positiva de este abaratamiento es que el consumo del producto no sólo se ha mantenido, sino que ha aumentado, lo que ha permitido dar salida regular a la ingente cantidad de aceite almacenado. La negativa es que un artículo que es emblema de la gastronomía española, alabado por su calidad y sus propiedades saludables, se ha banalizado hasta el punto de venderse en los supermercados muy por debajo del coste que supone para el agricultor producirlo. En esta situación, el sector olivarero se ha encontrado sin defensa posible y ha mostrado sus debilidades, ocultas durante muchos años por el colchón que suponen las subvenciones de la Política Agraria Común. Estas carencias se resumen casi en una sola palabra: atomización. Miles de explotaciones dispersas -que conviven con islas de unión como Hojiblanca- negocian con unos pocos operadores que buscan el mejor postor (a la baja). Los olivareros, asfixiados porque los bancos les cortan el crédito, como a casi todas las empresas, necesitan liquidez, y rápido, y en muchos casos acceden a esta subasta a la baja. Consecuencia: sólo son capaces de mantenerse con una cierta holgura las explotaciones más modernas y eficientes, aquellas en las que son necesarios menos costes de producción. Y las que se han enfocado a la exportación, verdadera válvula de escape ante la debilidad del mercado nacional.

A lo largo de estos años, ante los bajos precios, los organizaciones agrarias han presionado con fuerza a las Administraciones para que tomaran medidas y han logrado en dos ocasiones (2009 y principios de 2012) activar el almacenamiento privado -retirada de parte de la producción con el objetivo de elevar los precios-, pero el efecto real de esta medida ha sido muy limitado. Lo que sí ha surtido efecto, ya en la segunda mitad del año pasado, ha sido precisamente las condiciones del mercado. La sequía del invierno de 2012 ha hundido la producción de esta campaña, con cálculos que estiman una bajada de entre el 60% y el 80%. La situación es especialmente grave en Jaén, donde sufren el agravante de que los olivos son más viejos y están asfixiados tras las cifras récord de producción de los últimos años. En los supermercados el aceite se ha disparado, con precios ahora superiores a los tres euros en el caso del Virgen extra.Y los agricultores viven la situación con un sabor agridulce: por un lado ven cómo por fin pueden rentabilizar la producción, pero por otro la cantidad de aceite del que disponen las almazaras es muy escasa. Además, ya se empieza a notar un descenso del consumo, lo que hace temer a muchos que, como sucedió en 2005, el aceite de oliva pierda mercado en España frente a productos de semilla como el girasol. Eso haría un daño al sector que no sólo sería coyuntural. La esperanza, y lo que dice también la lógica, es que la expectativa de mayor producción en la campaña que viene frene esa tendencia al alza de los precios.

El incremento del precio del aceite de oliva en los últimos meses refleja muy bien la naturaleza de este mercado, muy marcado por los dientes de sierra en cuanto a los precios -o muy bajos o muy altos- y ausente de equilibrio. Sólo una mejor gestión de los stocks, contratos estables y a largo plazo entre la distribución, la industria y los olivareros, y, sobre todo, una relación de fuerzas menos desigual entre los distintos actores de la cadena contribuirían a solventar este problema.