Los datos están ahí, y no dejan sitio para la duda. La crisis y el incremento de impuestos han relanzado de forma exponencial el comercio ilegal del tabaco. El delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla, Alberto García Valera, afirma que en España su incidencia ha pasado del 2% al 10% en unos pocos años. Fernando Romero, presidente de la Asociación provincial de Estanqueros de Sevilla, advierte que la situación es especialmente dramática en esta provincia, que lidera el descenso del consumo en España. Ha bajado respecto a 2005 el 54,3%, doce puntos más que la caída media andaluza, del 42,4%. El teniente coronel Alfonso Rodríguez Castillo, jefe de Policía Judicial e Información de la IV Zona de Andalucía, ofrece un dato demoledor: en 2013, hasta el 31 de mayo, se han aprehendido en Andalucía 1.829.000 cajetillas de tabaco, el 50% del total y la misma cantidad que se registró en todo 2012.

El desayuno informativo El comercio ilícito de tabaco, un problema para la salud pública, organizado ayer por Grupo Joly con la colaboración de Altadis, puso de manifiesto hasta qué punto están creciendo este tipo de prácticas, y con cierta permisividad de parte de la sociedad. "No tiene suficiente reprimenda social -dice García Valera-; y no se ve mal la compra de tabaco de contrabando". El problema con esa actitud es que se ayuda sin saberlo a bandas organizadas, que, normalmente, suelen ser las mismas que trabajan con drogas ilegales. "Detrás hay mafias organizadas y eso es algo que la mayor parte de la sociedad desconoce", asegura Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis.

Además, el consumo de tabaco ilícito puede traer problemas de salud pública, e Ignacio Millán, director de la Asesoría Jurídica de Altadis, apuesta por explorar esa vía a la hora de concienciar a la ciudadanía. "Hemos hecho estudios que demuestran que el factor más relevante por el que una persona dejaría de comprar tabaco de contrabando es saber que hace daño a la salud", con niveles de alquitrán o nicotina adulterados. "Porque -continúa- no sólo hablamos de tabaco falsificado sino de un producto que escapa a los controles adecuados". Es decir, sin garantías suficientes para su consumo.

Ignacio Millán va más allá y propone que este criterio -el de riesgo para la salud pública- se explore por parte de la Justicia a la hora de perseguir el delito. "Creo que tiene encaje y significaría de 4 a 5 años de prisión [ahora el máximo son dos años], sin posibilidad de la suspensión de la condena". El teniente coronel Alfonso Rodríguez Castillo objetó que eso implicaría realizar análisis químicos que ralentizarían el trabajo policial, pero Millán cree que el simple hecho de que la mercancía no haya pasado por los controles preceptivos la convierte en "potencialmente nociva", sin necesidad de análisis.

Para el responsable jurídico de Altadis, esta fórmula debería tener su recorrido, y más teniendo en cuenta que el problema no hace más que agrandarse. La frontera con Gibraltar es cada vez un punto más caliente. El menudeo se ha extendido y el Gobierno ha tenido que reducir de 200 a 80 el número de cajetillas que pueden transportarse individualmente. "Eso nos ha generado más trabajo, y hay que tener en cuenta que son 35.000 personas las que pasan diariamente de un lado a otro de la verja y entre 3.000 y 3.500 vehículos". Los exhaustivos controles han generado a veces problemas de orden público e incluso insultos y ataques a los agentes.

Gibraltar sigue siendo -y aún más ahora- centro clave de las exportaciones de tabaco, producto que entra allí de manera legal -con precio bajo- y luego pasa a España de forma ilegal. Según afirma Rocío Ingelmo, las cuatro grandes tabaqueras ya han reducido sustancialmente sus exportaciones gracias a un acuerdo con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Pero su espacio ha sido ocupado por marcas baratas -llamadas cheap whites-de procedencia griega y luxemburguesa. La representante de Altadis pide cambios legislativos que supongan "la restricción de la comercialización en España [del producto de estas compañías] cuando se detecte que su introducción en Gibraltar supera un determinado límite".

Fernando Romero, de la Agencia Tributaria, señala que el volumen de tabaco que llega a Gibraltar es tal que si se consumiera allí todo tocaría a diez cajetillas diarios de tabaco por persona. "Es una realidad objetiva y no justificable", dice. El teniente coronel Alfonso Rodríguez apunta que el incremento de exportaciones al Peñón (de 175.000 cajetillas en 2009 a 718.000 en 2012, y este año va por casi 500.000) está en consonancia con el ritmo de aumento de las incautaciones.

Rodríguez recuerda que también entran en el país -sobre todo a través del Puerto de Algeciras- grandes cantidades de tabaco falsificado procedente de países asiáticos como China e Indonesia. La característica de este tipo de comercio es que el fraude se produce en grandes cantidades. Baste un dato: cada contenedor lleno de cajetillas de tabaco supone dos millones de euros en falsificaciones.

El incremento previsto de los impuestos sobre el tabaco no va a ayudar a reducir el fraude, sino todo lo contrario. Ingelmo apunta que en Irlanda se ha detectado que el consumo no baja pero que las ventas de tabaco legal se han reducido a la mitad. Para atenuar el problema, pues, sólo caben medidas de concienciación y un impulso en la persecución del delito.