El Gobierno ha endurecido las condiciones para prejubilar a trabajadores de mayor edad y ha aprobado que las empresas con beneficios y con más de 100 empleados tengan que realizar aportaciones a la Seguridad Social si quieren incluir a personal de más de 50 años en despidos colectivos. Así consta en el plan de lucha contra el fraude laboral y en materia de Seguridad Social que ha aprobado el Gobierno, vigente hasta 2013 y que amplía el periodo de prescripción de este tipo de delitos de 5 a 10 años con una modificación del Código Penal.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado que el plan persigue limitar los incentivos al despido de trabajadores de más edad y protegerlos "para que no sean los primeros que despiden las empresas". El anteproyecto de Ley pretende reducir los costes que soporta el Estado como consecuencia de la inclusión en despidos colectivos de trabajadores de más de cincuenta años en empresas con beneficios.

Además, el plan adopta otras medidas como que los convenios colectivos no puedan fijar una edad de jubilación obligatoria. "Levantamos esta prohibición porque va contra la línea de alargar la vida laboral", ha dicho Báñez, tras explicar que el plan de lucha contra el empleo irregular endurece las sanciones ante la percepción indebida de prestaciones públicas con ocasión de despidos colectivos. La ministra ha asegurado que este plan supone importantes modificaciones legales en el Código Penal y en el Estatuto de los Trabajadores y ha apuntado que por primera vez se tipifica como nuevo delito para sancionar a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social.

Entre otras medidas el Gobierno exigirá a los defraudadores las cuotas no pagadas para la exención de la responsabilidad penal y se amplía el período de investigación por parte de la inspección de fraudes complejos de 9 a 18 meses. Además, se incrementan las sanciones previstas más allá del límite máximo actual de 187.515 euros (a imponer por el Consejo de Ministros) y se refuerzan los equipos de inspección. Báñez ha indicado que el objetivo es evitar "atentar" contra los derechos de los trabajadores y la competencia desleal empresarial que ocasiona esta economía sumergida.

Asimismo, ha subrayado el efecto "perverso" que tiene en las arcas públicas el fraude laboral que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. Al respecto se ha referido a la creación de empresas "ficticias" para "dar de alta a trabajadores que no hacen nada y que luego perciben prestaciones", o empresas que no dan de alta a sus empleados en la Seguridad Social. Báñez ha explicado que el número de efectivos en 2012 aumenta hasta los 53 inspectores y 60 subinspectores y que tanto los agentes de la Agencia Tributaria como los de la Inspección de Trabajo "cooperarán, e irán de la mano". Asimismo, el ministerio hará nuevas campañas de inspección en sectores económicos donde más pueden percibirse "bolsas de fraude".

El ministerio de Empleo trabajará con protocolos de actuación conjuntos con el Ministerio Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con el Colegio Nacional de Notariados y de Registradores. Las actuales direcciones territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social asumirán funciones operativas en materia de empleo irregular y de fraude a la Seguridad Social.