Financiación autonómica y límites a la solidaridad

Afinales del pasado mes de julio, la comisión de expertos sobre financiación autonómica, presentó al Gobierno una propuesta de reforma del sistema de financiación con el objetivo de modificar el actual sistema, que distorsiona completamente cualquier principio coherente de reparto de recursos públicos ente los distintos territorios, debido, principalmente, a la introducción de fondos fuera del sistema básico de reparto, que ha provocado una muy amplia dispersión de la financiación por habitante entre territorios.

Una investigación publicada por Fedea permite conocer ahora con detalle todos los supuestos y cálculos del nuevo sistema propuesto, facilitando a los distintos representantes políticos defender sus posiciones con datos precisos que no están sometidos a discusión.

En la nueva propuesta se toma como base de partida la liquidación de Presupuestos del 2015, manteniéndose constantes los pesos de las variables ajustadas por población para sanidad, educación y servicios sociales, pero se introduce un coste fijo de prestación de servicios y otra de mantenimiento del status quo actual, que beneficia a las Comunidades más pequeñas y que mejor financiadas se encuentran en la actualidad. Esas Comunidades mantendrían constantes los recursos recibidos durante 5 años y los recursos adicionales que se generarían durante ese periodo, se repartirían entre las restantes.

La cuestión que plantea el nuevo sistema de financiación propuesto es el del grado de nivelación de los recursos públicos por habitante ajustado. La comisión de expertos señalaba que no debe ser inferior al 83% y en torno a esa cifra Fedea ha realizado simulaciones que dan lugar a distintos escenarios.

En particular, una de las simulaciones que mayor discusión técnica y, sobre todo, política va a generar es el de la introducción del principio de la ordinalidad, por el que ninguna Comunidad podrá perder posiciones en el ranking de renta por habitante después de transferir recursos públicos a los restantes territorios.

En el caso de España, la introducción del principio limitaría notablemente las contribuciones de Madrid, Cataluña y Baleares. Andalucía recibiría un 1,11% de recursos adicionales. Pero dado que las tres comunidades mencionadas recibirían sustancialmente más -Madrid recibiría un 8,5% más y Cataluña un 2,8%-, en términos relativos Andalucía retrocedería. Sobre una base 100 a nivel nacional, la financiación de Andalucía se situaría en el 96,7, Cataluña en el 102 y Madrid en el 106,5.

Hay que señalar que el nuevo sistema sería, en conjunto, más solidario porque reduce la diferencia entre territorios de financiación máxima y mínima por habitante, así como la desviación estándar de la misma.

Tanto la literatura teórica sobre federalismo fiscal como la experiencia comparada de países federales no ofrece una única solución a los problemas derivados de la distribución de la renta. El debate no es si hay o no solidaridad, sino cuánta solidaridad están dispuestas a prestar los territorios con mayor renta por habitante.

Será la negociación política entre las comunidades con el Estado, las que determinarán, en buena medida, el nuevo sistema de financiación territorial.