El fondo de pensiones del Estado noruego, que posee una participación del 1,49 % en Ferrovial, ha decidido finalmente votar a favor del traslado de la sede social de la compañía a Países Bajos en la junta de accionistas que el grupo presidido por Rafael del Pino celebrará mañana en Madrid.

Todo ello a pesar de que previamente anunciara que votaría en contra de la fusión inversa a través de la que Ferrovial sería absorbida por su filial holandesa.

"Cuando evaluamos transacciones corporativas, consideraremos también si hay suficiente transparencia para tomar una decisión completamente informada, si todos los accionistas son tratados de forma equitativa y si hay conflictos de intereses innecesarios", explicaba entonces el fondo para justificar este voto en contra.

No obstante, según el informe de voto publicado este miércoles en su página web, el considerado mayor fondo soberano del mundo votará finalmente a favor de todos los puntos del orden del día de la junta de accionistas, trece en total.

La decisión del fondo noruego, que invierte los ingresos del gas y del petróleo en el extranjero, se produce cuando faltan menos de 24 horas para que Ferrovial celebre una junta histórica para su futuro y refuerza los apoyos con los que ya cuenta el grupo para sacar adelante este traslado a pesar del fuerte rechazo que ha generado en el seno del Gobierno y de las presiones que ha recibido para dar marcha atrás a esta operación.

Además, este cambio de postura tiene lugar después de una insólita relación epistolar iniciada por el Gobierno horas antes de que los accionistas deban decidir su voto y con la que, según justificaba ayer el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, no se buscaba presionar sino trasladar esta información a los accionistas de cara a una operación trascendental.

Mientras se siguen evidenciando las diferencias con el Gobierno, al que Ferrovial le pide que respete la voluntad de los accionistas, siendo estos los verdaderos propietarios de Ferrovial, el grupo sigue atando las mayorías suficientes para sacar adelante esta propuesta, que anunció de forma sorpresiva a finales de febrero.

Además del fondo noruego, Rafael del Pino, que suma un 20,4 %, su hermana María con el 8,2 %, y el fondo TCI, con el 7 %, votarán a favor de esta propuesta.

Por su parte, Leopoldo del Pino, hermano del presidente de Ferrovial y cuarto accionista del grupo con un 4,15 %, se inclina a votar en contra, aunque parece que no ejercerá su derecho de separación, que ascendería a casi 800 millones, por encima de los 500 millones que ha fijado la compañía para no verse afectada negativamente desde el punto de vista financiero y de rating.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha insistido en que le gustaría que la sede siguiese en España y que no hay razones económicas que justifiquen esta decisión. Un punto clave para poder acogerse a la exención de tributar por las plusvalías latentes que afloren con la operación y que deberá ser estudiada por la Agencia Tributaria, que niega presiones del Gobierno y avisa de que estos análisis pueden demorarse años.

Por su parte, Ferrovial insiste en que no hay un motivo fiscal en este traslado y que las razones económicas son "sobradas y conocidas".

Montero avala la doble cotización

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes su "total sintonía" con el Ministerio de Economía en que "no hay ningún impedimento en la legislación española" para que Ferrovial pueda cotizar, además de en la bolsa española, en la de Estados Unidos.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Montero ha eludido entrar en "especulaciones" sobre las consecuencias fiscales que pueden conllevar el traslado de la sede de Ferrrovial desde España a Países Bajos, cuya aprobación someterá mañana a la junta de accionistas tras reafirmar la empresa que sigue adelante con sus planes a raíz de la carta enviada por el Gobierno en respuesta a los motivos que alega.

En este sentido, ha insistido en que el Ministerio de Economía ha trasladado a Ferrovial que las razones que esgrime para el traslado "no se corresponden con la legislación" española y ha asegurado que "estudiada en detalle no hay ninguna razón del tipo económico que esgrime para trasladarse y eso lo tiene que conocer la junta de accionistas para que, si tiene otro motivo, que sea el que impere y no cuestiones que pueden llevar a engaño".

Según Montero, es importante que el Gobierno aclare esta cuestión porque "pareció que se trasladaba un mensaje de inseguridad jurídica" en España con la decisión de Ferrovial cuando -ha destacado- el Ejecutivo central y los licitadores públicos y privados han estado siempre muy comprometidos con esta compañía.

De hecho, ha resaltado que España incentiva muy bien la inversión extranjera, que rondó los 35.000 millones en 2022, lo que refleja, según Montero, que "la seguridad jurídica y las condiciones son favorables aquí" donde hay "estabilidad legislativa y se combate mejor que en otros países europeos la situación económica" con más crecimiento y un mayor control de la inflación.

La ministra ha eludido pronunciarse sobre las consecuencias tributarias del traslado y ha manifestado que "ahora no es el momento" y que la Agencia Tributaria lo analizará cuando se presente el impuesto de sociedades y hará las consideraciones oportunas.

No obstante, ha precisado que, "cuando no hay razones económicas, hay elementos fiscales que no se pueden aplicar" a la empresa en cuestión, aunque ha insistido en que esa decisión corresponderá a la Agencia Tributaria en su momento.