Como bien sabe el lector, las políticas energéticas de los países de la UE están orientadas por los compromisos asumidos en el Pacto Verde Europeo (European Green Deal), asumido en diciembre de 2019 y cuyo objetivo principal y vinculante es alcanzar la neutralidad climática en 2050. Esto requiere una reducción progresiva y muy intensa de las emisiones netas de gases de efecto invernadero, hasta llegar al equilibrio entre éstas y su absorción en ese año, tras el cual las emisiones netas serán negativas. Durante esta misma semana se ha celebrado en la República Checa la cumbre del Pacto Verde. En ella se han resaltado los progresos ya habidos, tales como la reducción de emisiones y el desarrollo de la generación renovable, y la capacidad de hacer frente a la crisis de suministro de gas natural. Pero se ha hecho énfasis, especialmente, en el progreso en la tecnología del hidrógeno y el impulso que se le está dando. Esta tecnología (producción, almacenamiento y transporte) es absolutamente clave en la consecución del objetivo de la neutralidad climática. 

El marco común de la política europea del clima es el establecido en el Reglamento (UE) 2021/1119, que incluye otro objetivo vinculante: la reducción neta de las emisiones hasta 2030 de, al menos, un 55% respecto a las de 1990 (conocido como el Objetivo 55), además de normas para avanzar en la consecución del objetivo global del Acuerdo de París (2015): limitar el calentamiento a final de siglo por debajo de 2, preferiblemente 1,5 grados centígrados. Bajo ese marco, cada país miembro ha producido su propia legislación y planificación conforme a sus circunstancias. Por ejemplo: mix de generación eléctrica; potencial de generación renovable; sistemas de transporte; estructura económica; distribución territorial de la población, etcétera. Son también influyentes, lógicamente, las preferencias ideológicas o tecnológicas y los compromisos de cada gobierno (es evidente en los planes de Alemania, Francia y España, por ejemplo). En una planificación de esta naturaleza y a tan largo plazo son muy influyentes los supuestos que hay que adoptar, y se percibe en los distintos planes un grado variable de ilusión (wishful thinking), particularmente en lo que atañe a la proyección del consumo de energía primaria; al progreso en la electrificación de la economía; en la mejora de la eficiencia energética; y en el ritmo de maduración de algunas tecnologías imprescindibles. En el caso de España, la traducción legislativa se realizó mediante la Ley de cambio climático y transición energética (2021) y, cómo no, las correspondientes leyes autonómicas. La planificación se estableció mediante el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Este plan está siendo objeto de revisión en este momento, para adecuarlo a las circunstancias energéticas sobrevenidas y a las disposiciones comunitarias a este respecto, fundamentalmente al Plan REPowerUE (mayo de 2022). 

Los objetivos del plan revisado, que será el PNIEC 2023-2030, son sumamente ambiciosos, tal como se muestra a continuación. La fuente de las acotaciones personales es BP Statistical Review of World Energy, publicado ahora por Energy Institute. 

Un 32% de reducción de emisiones respecto a 1990. (Actualmente estamos muy próximos a las de ese año, si bien en una marcada senda descendente desde el máximo de 2007). 

Un 48% de renovables sobre el uso final de la energía. (En 2022 fueron el 21%, incluyendo la hidroeléctrica y otras todavía muy menores como geotérmica, biomasa, etc.). 

Un 44% de mejora de la eficiencia energética en términos de energía final. (Valdría decir que es el supuesto necesario para que todo cuadre. En 2022 nos hemos situado en un 87% del máximo histórico de 2007). Un 81% de energía renovable en la generación eléctrica. (En 2022 ha sido el 41%, incluyendo también la hidroeléctrica y otras). 

Reducción de la dependencia energética hasta un 51%. (En 2002 fue importada el 67% de la energía final consumida en España: petróleo, 46% y gas natural, 21%). 

El plan español ha de contar con el beneplácito de la Comisión, como es lógico, ya que señala nuestro camino en la consecución de un objetivo vinculante para la UE. Sin duda, la continuidad política del gobierno de España, no conducirá a modificaciones significativas en el actual borrador de revisión del plan. No va a haber una reorientación de la política del clima, tal como la ha anunciado el primer ministro británico, que sólo está obligado por el Acuerdo de París. Tampoco una gran acción del Gobierno en relación con las grandes industrias, orientada a la reducción de las emisiones, tal como la anunciada por el presidente Macron hace cinco días, junto a otras actuaciones que se sustentarán con un elevado volumen de financiación pública. Francia está obligada por los objetivos comunes vinculantes, pero parece decidida a desarrollar una política climática propia. Nuestro Gobierno tampoco parece que vaya a plantear reticencias en lo relativo a la revisión de la prohibición de venta de nuevos vehículos térmicos a partir de 2035, como sí lo están haciendo otros países europeos, muy disconformes con el hecho de que no se vayan a admitir los biocombustibles que podrían reemplazar a los combustibles fósiles. Sin embargo, las señales de posibles consecuencias son ya visibles: la anunciada reducción de empleo en una importante planta española de fabricación de automóviles. 

El propósito del Gobierno en relación con la electrificación de la economía, necesaria para reducir la dependencia energética exterior, y que ha de estar soportada por una gran ampliación de las renovables –la nuclear no se considera oportuna, aunque no produzca emisiones–, avanzando drásticamente en el aprovechamiento de nuestro potencial solar y eólico –el hidroeléctrico ya está aprovechado–. Pero aquí hay un limitante muy serio: está creciendo la oposición a la instalación de nuevos grandes parques de generación. Incluso se ha acuñado el término “macroproyectos” o “macroparques”, utilizado para descalificar iniciativas que contemplan una gran potencia eléctrica. No hay oposición de los ecologistas organizados –siempre eficaces movilizadores– a las renovables, claro está, pero no les gustan los grandes proyectos y no sólo por la ocupación de terreno o las molestias que pudiesen ocasionar, sino porque no van en la dirección deseada: un sistema de generación que sería la suma de instalaciones para autoconsumo (doméstico, comercial o industrial) y parques de modesta dimensión. No parece inquietarles que la dispersión de instalaciones por todo el territorio conlleve la multiplicación de tendidos eléctricos. Ni tampoco que el pretendido reemplazo de la generación de base, ahora nuclear y ciclos combinados, por generación renovable, requiera soluciones de almacenamiento que todavía necesitan mucho desarrollo técnico. Y en cuanto a la cada vez más frecuente oposición vecinal, baste decir que ya está claro para todo el mundo que el impacto económico y laboral local de un parque de renovables, terminada su construcción, es sumamente exiguo, porque se gestionan a distancia, salvo las termosolares, y los mantenimientos requieren especialización.