Durante un encuentro de Juan Ignacio Zoido y Rafael Catalá, con profesionales de la abogacía en Sevilla, el ex ministro de Justicia se ha referido al Decreto Ley que prepara el gobierno sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados como de "dudosa constitucionalidad en materia tributaria". 

El ex ministro Rafael Catalá recordó que el Alto Tribunal tiene la función de cerrar los pleitos en la cúspide del sistema judicial y "ha cumplido con la obligación de aclarar cómo deben interpretarse las leyes y cuando hay alguna discrepancia, sentencias que no coincidan acabar fijando una doctrina común, que es lo que hizo el Supremo con el pleno de fijación de doctrina". 

Recordó que desde el PP consideran que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados no es "una manifestación de riqueza". De hecho, calificó como "demagógico" el anuncio realizado por Pedro Sánchez de que sean lo bancos los que paguen el impuesto. "Esto no soluciona nada porque los bancos trasladarán este coste al cliente". Por esta razón, el PP propone suprimirlo en un "modelo de financiación autonómica adecuado". Asimismo, añadió que esta tasa "no tiene un fundamento económico demasiado firme".