El Congreso de los Diputados le ha torcido el brazo al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos al inflingirle la segunda derrota parlamentaria de la legislatura tumbando el decreto que daba al Ejecutivo de Pedro Sánchez manga ancha sobre el superávit de los ayuntamientos.

Una amplia representación de alcaldes del PP había acudido este jueves a las puertas de la Cámara Baja ante el previsible batacazo gubernamental. Un fiasco que se consumaba dejando al Gabinete completamente solo a los pies de los caballos de la oposición: 193 votos en contra, frente a 156 a favor (PSOE y Unidas Podemos, amén del voto de Terue Existe). 

La clave de bóveda del decreto aprobado este agosto estribaba en el acuerdo de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión voluntaria de los remanentes municipales al Estado.

El remanente es la hucha municipal de años pasados, que incluye los superávits (situación en la que una entidad tiene más ingresos que gastos a lo largo de un año) que no se han gastado.

El decreto proponía que Hacienda transferiría hasta 5.000 millones de euros a los ayuntamientos con remanentes de tesorería que participaran de forma voluntaria en el préstamo al Estado de sus remanentes para que los destinaran a determinados asuntos, como movilidad o cultura y que el Estado devolvería a los municipios el importe íntegro del préstamo en los próximos 10 años, aunque el plazo podría prorrogarse hasta los 15.

Quinto decreto devuelto

La vuelta a corrales del decreto es un gran revés para el Gobierno. Los únicos precedentes en democracia de esta hecatombe parlamentaria se cuentan con los dedos de una mano: en la legislatura constituyente (1979), al decaer un decreto por el que se prorrogaba por un tiempo indispensable la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento; una modificación en 2006 de los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco; la modificación en 2017 del régimen de los trabajadores de la estiba; y el paquete de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler en 2019. Una derrota ésta que vino a manos precisamente de Podemos, que aún estaba en la oposición y truncaba una reforma aprobada con urgencia por el Consejo de Ministros de Sánchez.

La gran derrotada este jueves ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha dejado claro que tras la derogación no habrá más propuestas por parte de Moncloa y ha emplazado a los grupos de la oposición a que sean ellos los que pongan un texto encima de la mesa.

La oposición consideraba que el decreto era un "chantaje" y un "ataque" a la autonomía de los ayuntamientos al disponer de sus remanentes, una "incautación de recursos municipales" a decir del BNG.

"Robo del siglo"

De "robo del siglo" ha hablado el PP por boca de su vicesecretario de Política Territorial, Antonio González Terol. "El hijo pretende ayudar al padre pero el padre le quita la hucha de los ahorros a sus hijos", ha afirmado el dirigente popular, quien ha censurado al Gobierno su "chantaje a los ayuntamientos al darles a elegir "entre el fuego y la sartén".

Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha confirmado su rechazo "al golpe más duro" que pretende atestar el Gobierno al municipalismo en estos años, a un "chantaje sin precedentes", ha añadido, que "castiga en lugar de premiar" y que "atenta" contra el principio de autonomía local.

Joan Margall (ERC) ha lamentado que el Gobierno haya apostado por la "recentralización y la austeridad".  

Desde Ciudadanos, Carmen Martínez Granados ha lamentado que esta vez no haya sido posible un acuerdo con el Gobierno, al que ha acusado de "no escuchar" a la oposición ni a los ayuntamientos y de intentar ponerles "entre la espada y la pared" con el polémico decreto.

Idoia Sagastizabal (PNV) ha cuestionado la "improvisación" de un decreto que no tiene en cuenta los conciertos vasco y navarro, y ha instado al Gobierno a "aparcar las diferencias" y a tratar de buscar "puntos de encuentro" a través de un nuevo decreto avisando de entrada que todo lo que se decida será un "parche" mientras no se reforme la Ley de Estabilidad.

Se trata además de la segunda derrota para PSOE y Unidas Podemos después de que la Cámara Baja derrotara en julio las recomendaciones sociales que ambos socios impulsaron en el seno de la Comisión para la Reconstrucción. 

El Congreso rechazó el dictamen sobre las medidas sociales para hacer frente a los efectos del coronavirus con el voto en contra de PP y Vox, aunque el PSOE y Unidas Podemos recabaron el apoyo de sus socios de investidura de ERC, que este jueves también les han dado la espalda.