El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han firmado en el Congreso el acuerdo "para un gobierno reformista y de progreso" por el que C's se compromete a votar favorablemente la próxima semana la investidura del candidato socialista. La firma del documento, que se ha celebrado en la sala Constitucional, una de las más solemnes y que está presidida por los retratos de los siete padres de la Carta Magna, ha contado con la presencia de los equipos negociadores de PSOE y Ciudadanos, encabezados por sus respectivos portavoces, Antonio Hernando y Juan Carlos Girauta.

El extenso documento del acuerdo recoge el programa de ese nuevo ejecutivo, en el que destaca una reforma de la Constitución, una reforma fiscal y laboral, una defensa cerrada de la unidad de España y un rechazo frontal a la consulta soberanista en Cataluña. Han sido muchos los dirigentes del PSOE y de Ciudadanos que han querido asistir a la firma, como el secretario de Organización socialista, César Luena; la secretaria de Relaciones Internacionales, Carme Chacón; el responsable económico de C's, Luis Garicano, o los líderes de C's en Cataluña, Inés Arrimadas, y en Andalucía, Juan Marín.

Sánchez y Rivera han acudido a la cita con traje oscuro, camisa blanca y corbata, y han firmado sus respectivos documentos del acuerdo sentados en la mesa en la que habitualmente trabajan los taquígrafos. Antes de la firma, ambos líderes han saludado a los miembros de los equipos negociadores que estaban en la primera fila y al término han recibido los aplausos de los asistentes. Rivera se ha acercado al socialista José Enrique Serrano, miembro de la comisión negociadora, para agradecerle su "buen trabajo" por el acuerdo.

Sánchez dice haber pactado con Rivera derogar la reforma laboral y la 'Ley Mordaza'

Sánchez ha proclamado que el documento compromete a ambas formaciones a derogar la reforma laboral y la última modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada por sus detractores como Ley mordaza. Sin embargo ninguno de esos compromisos aparece especificado en el texto de ambos partidos, que si contempla, por contra revocar otras cinco medidas aprobadas en la anterior legislatura.

En el documento no se recoge esta promesa, aunque sí se incluyen cambios en la normativa laboral y la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que, de facto, supondrían dejar sin efectividad la mayor parte de la regulación laboral aprobada por el PP en 2012. El contenido del acuerdo sellado se corresponde con el compromiso que hizo el PSOE ya en la campaña electoral, donde la presión interna en el partido le llevó a especificar por escrito en el programa que los cambios que se promoverían desde el Gobierno supondrían derogar la reforma del PP.

El planteamiento que aceptó el PSOE, y que en realidad se correspondía al que defendió desde un primer momento, contemplaba dos fases en este objetivo: una primera tanda de cambios nada más llegar al Gobierno, para, por ejemplo, fortalecer la negociación colectiva o modificar los tipos de contrato; y una segunda fase de negociación entre los agentes sociales, a quienes se les dejaría la revisión del coste del despido, en el que no entraba el programa. Este calendario es el que han acordado el PSOE y Ciudadanos de forma tácita, aunque no lo especifican. Sí hablan de impulsar cambios normativos -sobre contratos y negociación colectiva- y de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Y otro tanto sucede con la Ley de Seguridad Ciudadana que Sánchez se ha comprometido verbalmente a "derogar", pese a que el documento contempla sólo reformar aquellos puntos que la oposición impugnó ante el Tribunal Constitucional y los que resultaron más controvertidos. Textualmente, el pacto habla de "revisar los preceptos que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional y aquellos otros que reconocen facultades excesivas de intervención por las Fuerzas de Seguridad" y los que "sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones". También aboga por reformar aquellos preceptos que atribuyen a los cuerpos policiales "poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, que desplazan las garantías judiciales: restricciones del tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos".

Este acuerdo se ajusta a lo que el PSOE propuso en su oferta de acuerdo de gobierno que envió a todos los partidos el pasado 8 de febrero, donde ya no hablaba de derogar la Ley Mordaza como prometían en su programa electoral.  Sin embargo, la semana pasada, los socialistas informaron de que en sus negociaciones con IU habían aceptado derogarla por compleo, como ahora ha asegurado Sánchez que van a hacer.

Por contra, el texto suscrito entre el PSOE y el partido de Rivera, sí prevé expresamente la derogación de otras cinco medidas introducidas por el PP en la anterior legislatura, de ellas de manera prioritaria. Así, habla de "derogación inmediata" de la prisión permanente revisable incluida en la última reforma del Código Penal, del artículo 315.3 del Código Penal, sobre el ejercicio del derecho de huelga, que prevé penas de cárcel para los piquetes informativos y de la limitación de los plazos de instrucción que se incluyó en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el apartado dedicado a la dependencia, PSOE y C's plantean recuperar los principios inspiradores de la Ley de la Dependencia, sus objetivos e implantación y también "derogar el incremento de copago y las incompatibilidades introducidas en la pasada legislatura". Asimismo, defienden "derogar" las modificaciones introducidas en la legislación de régimen local por la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, "con el fin de asegurar la autonomía local, garantizar un sistema de financiación estable y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales y aquellas que no siendo propias, previo convenio, puedan desarrollarse sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública". 

No subir el IRPF y tratar de retrasar bajada de déficit

El PSOE ha acordado con Ciudadanos no subir el IRPF y reducir la tributación de las rentas del trabajo cuando la situación presupuestaria lo permita, en tanto que tratarán de retrasar un año la meta de déficit comprometida con Bruselas y situarlo por debajo del 3% en 2017 en lugar de este ejercicio. Además, el PSOE se ha comprometido a no llevar a cabo ningún recorte en gasto social y a reducir el IVA cultural al 10%, desde el 21% actual, y mantener el IVA del libro en el 4%. La senda concreta de reducción del déficit público se acordaría con las autoridades europeas en base a la situación real de las finanzas públicas a cierre de 2015. El nuevo ejecutivo propondrá reformas del sistema impositivo que eleven la recaudación sin subir los impuestos a la clase media trabajadora, desplazando parte del peso de la carga tributaria hacia la riqueza. De esta forma, la mejora en los ingresos se logrará también ensanchando las bases imponibles.

Asimismo, se contempla una reforma en profundidad del impuesto de sociedades con el objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales. El nuevo ejecutivo estudiará la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario y armonizará el impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, estableciendo unas horquillas de bases y tipos mínimos y máximos para todo el territorio del Estado.

También contemplan eliminar el impuesto especial sobre determinados medios de transporte (impuesto de matriculación) y sustituirlo por un impuesto a las emisiones de CO2 y de dióxido de nitrógeno, en línea con los principales países europeos. En cuanto a la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y la economía sumergida, proponen reformar la figura del delito fiscal, para hacerla más efectiva, endureciendo las penas y alargando los periodos de prescripción.

Un nuevo modelo de financiación autonómica en seis meses

El documento contiene que en seis meses pueda haber un nuevo modelo de financiación autonómica que corrija las insuficiencias del sistema actual y garantice los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad, recogidos en la Constitución. Su idea es que en un mes se constituya un grupo de trabajo plural para la preparación de la modificación de la ley de financiación para que en seis meses esté la nueva financiación. Además, ambos partidos quieren que se derogue la reforma local, aprobada en el 2013, con el fin de asegurar la autonomía municipal y un sistema de financiación estable para los ayuntamientos y proporcional a unas competencias bien definidas de los entes locales. Del mismo modo, aspiran a que aquellas competencias de las corporaciones locales que no son propias puedan desarrollarse, previo convenio, sin comprometer la estabilidad presupuestaria con garantías de control y transparencia de la gestión pública.

Compromiso con la estabilidad sin recortes de gasto social

Ambos partidos también garantizarán "de forma inequívoca" con la estabilidad presupuestaria y la consolidación fiscal, pero también afirman que no aplicarán "ningún recorte de gasto social" en esta legislatura. El texto parte del reconocimiento de que España tiene "un problema de déficit de las administraciones públicas" y de que el nuevo Gobierno estará "comprometido de forma inequívoca" con la estabilidad presupuestaria.

Sin embargo, creen que "la consolidación de las cuentas públicas "no se puede hacer a costa de reducir aún más" el nivel de bienestar, sino que debe pasar por la renegociación de los objetivos de déficit con la Unión Europea para pactar una senda que dependerá de "la situación real de las finanzas públicas heredada" del actual Ejecutivo, dado que aún no se conoce el cierre del déficit de 2015, y que en cualquier caso debe llevar el cumplimiento del Pacto de Estabilidad (3%) a 2017, y no a finales de este ejercicio como está previsto.

Además, tanto los socialistas como Ciudadanos abogan por "blindar" los derechos sociales que recoge la Constitución "elevándolos a derechos fundamentales y garantizando una financiación pública suficiente". Algo que, en la práctica, pasa por modificar el artículo 135 de la Constitución, que fue reformado en el verano de 2010 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con el acuerdo del PP para consagrar la estabilidad presupuestaria y dar prioridad al pago de la deuda sobre cualquier otra consideración.

Prohibir la concesión de indultos en casos de corrupción

Se contemplan eliminar la concesión de indultos en delitos vinculados a la corrupción, la violencia de género y contra los derechos humanos y que el Gobierno aporte más información a las Cortes Generales sobre los indultos concedidos. Se incluyen medidas urgentes de carácter preventivo, de control y de represión para luchar contra la corrupción. Entre las acciones represivas, han pactado tipificar el delito de enriquecimiento injusto o ilícito y la figura del testaferro dentro de las modalidades de delito de encubrimiento.

También proponen revisar el delito de financiación ilegal de partidos políticos "rebajando significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión" y tipificar la manipulación de las cuentas anuales de los partidos. El PSOE y Ciudadanos han acordado además revisar las competencias de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción para los delitos de funcionarios públicos, autoridades y corrupción política y establecer incentivos para fomentar y favorecer el afloramiento de casos de corrupción.

Para prevenir la corrupción en el sector público, incluyen la suspensión de concejales y parlamentarios y el cese de los altos cargos a los que se les abra un juicio oral por algún delito doloso, así como la revisión de las normas de contratación púbica y que las reuniones de las mesas de contratación en licitaciones superiores a 300.000 euros sean públicas. Prevén asimismo eliminar la presencia de cargos electos y altos cargos en las mesas de contratación y en los órganos similares que intervengan en la propuesta de concesión de subvenciones.

Para luchar contra la corrupción el sector privado, el PSOE y Ciudadanos han acordado regular los "lobbys" para "evitar la influencia indebida y los riesgos de corrupción que derivan del tráfico de influencias" y establecer beneficios en la contratación con el sector público para las empresas que firmen "pactos de integridad". Finalmente, entre las medidas de control, han establecido la creación de una Oficina Anticorrupción con capacidad de actuación directa y coordinada en todo el sector público y la ampliación de los poderes del Tribunal de Cuentas.

Una comisión parlamentaria reforme la ley electoral

El acuerdo establece la creación de una subcomisión en el seno de la comisión constitucional del Congreso para que, durante tres meses y con la opinión de expertos, estudie la reforma de la ley electoral. Se afirma que las bases del régimen electoral se encuentran en la Constitución "y, en consecuencia, su alteración requiere la reforma previa de ésta". Sin embargo, precisan que existen "algunos extremos susceptibles de revisión" en la ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), cuya reforma puede abordarse por vía ordinaria y "con el amplio consenso que exige la reforma de elementos clave del sistema político". En ese sentido, pactan la creación de una subcomisión parlamentaria que, en el plazo de tres meses, pueda elaborar una proposición de ley orgánica de reforma de la ley electoral.

Esa reforma, afirman PSOE y Ciudadanos, debe contemplar un impulso al voto electrónico, la revisión del procedimiento electoral, la desaparición del voto rogado, o facilitar la inscripción de oficio de los extranjeros en el censo para que puedan votar en las elecciones municipales. Asimismo, ambas formaciones acuerdan establecer un sistema de "listas desbloqueadas" para la elección de los diputados, "que permita a los electores una mayor influencia sobre la elección final de sus representantes e incentive una rendición de cuentas más personalizada entre la ciudadanía y sus representantes parlamentarios". La posibilidad de "desbloquear las listas" se considera también para las elecciones municipales.

Revitalizar la Ley de Memoria Histórica

El PSOE y Ciudadanos quieren "revitalizar la aplicación" de la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida como la Ley de Memoria Histórica. Para ello, acuerdan incorporar "la dotación presupuestaria que en su caso sea necesaria".

Compromiso de rebajar el IVA cultural al 10%

El IVA aplicado al sector de la cultura se rebajaría del 21 al 10%, así como a reformar la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), a impulsar una Ley de Mecenazgo, luchar contra la piratería, impulsar la labor del Instituto Cervantes, y a "recuperar el Ministerio de Cultura". El acuerdo plantea alcanzar un pacto social y político por la educación, la ciencia y la cultura como "ejes fundamentales y vertebradores" del país para garantizar la igualdad de oportunidades.De esta forma, se han puesto de acuerdo para que, una de sus primeras medidas de gobierno sea rebajar al 10% el IVA cultural, además de impulsar el reconocimiento de un IVA cultural en el seno de la UE que permita su armonización, con el reconocimiento de una fiscalidad especial con tramos menores del 10%. Asimismo, quieren promover el mantenimiento del IVA del libro en el 4%, e impulsar en el seno de la UE su equiparación para el libro electrónico. A su vez, se han aliado para "recuperar el Ministerio de Cultura" para darle un "impulso definitivo" a la cultura, a las artes, a la creación, a las industrias culturales y que desarrolle una política que responda a una concepción federal y que promueva la pluralidad cultural y lingüística de España.

La redacción de una Ley de Mecenazgo es otra de las propuestas en este acuerdo de gobierno, donde planean incluir un sistema de bonificaciones a la exportación, en línea con las establecidas en los países del entorno europeo, a fin de competir en los mercados internacionales. Asimismo, consideran que entre sus primeras medidas se debe reformar la Ley de Propiedad Intelectual, con el objeto de hacer efectiva la protección de la propiedad intelectual y de los derechos del creador, compatibilizándola con un mayor acceso posible al patrimonio cultural.

Derogar las leyes ambientales del PP, cerrar nucleares a los 40 años y un Pacto por la Ciencia

El acuerdo mantiene buena parte del programa electoral con el que Pedro Sánchez aspira a La Moncloa e incluye la derogación de la mayoría de la legislación ambiental desarrollada la pasada legislatura por el Ejecutivo del Partido Popular así como establecer el cierre de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil y alcanzar un Pacto por la Ciencia y otras iniciativas que logren recuperar 10.000 científicos. En materia de transición energética y lucha contra el cambio climático, el objetivo es obtener un "sistema energético eficiente y sostenible" que siente las bases para un sector eléctrico basado en las energías renovables en 2050 y una reducción de emisiones de CO2 compatible con los compromisos de París. En concreto, se promoverá un gran pacto de Estado de la Energía, aprobar una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con objetivos de reducción de emisiones y que incluya tener en cuenta los elementos de riesgo climático en "en cualquier actuación pública" así como incluir en la Ley de Contratación Pública nuevos requisitos ambientales y climáticos a todos los proveedores y contratistas.

También se incluye en el pacto apoyar la creación de la interconexión eléctrica con Europa a través de Francia para exportar los excedentes de energía e impulsar el ferrocarril de mercancías como medida hacia la descarbonización de la economía. En materia energética, el pacto mantiene la propuesta electoral del PSOE de establecer una moratoria en esta legislatura para las prospecciones con fractura hidráulica y restringir las autorizaciones de exploraciones nuevas de gas e hidrocarburos.

Además, el acuerdo de Gobierno establece el cierre progresivo de las centrales al cumplir 40 años de vida útil, una propuesta defendida por el PSOE en la que Ciudadanos no había adoptado una postura concreta y respecto a la cual Albert Rivera había apuntado que no se oponía a prolongar la vida de las plantas atómicas si los informes técnicos lo avalaban.

Otra de las propuestas acordadas es modificar la fiscalidad ambiental para impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y crear un fondo verde para la transición energética. Otro de los compromisos es promocionar el Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Edificios y pasar de las 23.000 viviendas rehabilitadas al año a las 200.000 viviendas en 2025.

En capítulo ambiental se propone una batería de derogación de la normativa vigente, ya que el acuerdo incluye recuperar la prohibición "absoluta" del cambio de uso de suelo en las zonas forestales incendiadas -una excepción a la Ley de Montes incluida por el PP en determinadas circunstancias- y se comprometen a impulsar un estatuto básico para agentes y bomberos forestales. Además, el acuerdo de progreso incluye derogar las limitaciones y excepciones de 2015 a la Ley de Patrimonio Natural y Protección de la Biodiversidad de modo que se recuperaría la de 2007.