Los 67.000 funcionarios de la Administración Pública Vasca no van a cobrar finalmente la paga extra de Navidad, después de que el Ejecutivo autonómico en funciones haya acatado la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional de suspender el abono de esta paga. Tras meses de incertidumbre estos trabajadores públicos han visto desvelada la incógnita de si contarían o no con esta paga extra, cuya retirada decretó el Gobierno de Mariano Rajoy dentro del paquete de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El Ejecutivo de Patxi López ya había dado la orden de que los funcionarios vascos la cobrasen el día 20 de este mes e incluso, por un "error" más de 2.000 ya lo habían hecho, pero este mismo martes el Tribunal Constitucional ha aceptado el conflicto de competencias planteado por el Gobierno central y ha paralizado su abono. Una vez analizada esta decisión judicial, el Gobierno Vasco ha optado por acatarla por "respeto al sistema democrático y a las decisiones jurisdiccionales", aunque ha dejado claro que no la comparte. Por ello, ha anunciado en un comunicado que en el momento en el que se reciba oficialmente la notificación judicial, adoptará" las medidas necesarias para su debido cumplimiento", lo que supone en la práctica que sus funcionarios no percibirán la extra de Navidad.

El Gabinete de Patxi López ha insistido en que ha actuado en esta materia "con total responsabilidad y coherencia y defendiendo hasta el final las competencias atribuidas a la comunidad autónoma". Asimismo, ha confirmado que recurrirá la decisión del alto tribunal por considerarla "infundamentada" y ha hecho hincapié en la "solidez de los argumentos políticos y jurídicos" en que ha basado su postura sobre este conflicto, por lo que ha vaticinado que en los próximos meses el Constitucional levantará la suspensión cautelar y fallará a favor de las tesis del País Vasco.

El Ejecutivo de Vitoria tiene ahora veinte días para recurrir el acuerdo y, en caso de presentar alegaciones, este tribunal dispondría de cinco meses para ratificar su acuerdo o levantar la suspensión del pago de la extra. La decisión sobre la paga extra se produce un día antes de que Iñigo Urkullu (PNV) sea designado lehendakari y a pocas jornadas de que se conforme el nuevo Gobierno Vasco al que, en todo caso, le correspondería presentar el citado recurso. La previsión de Urkullu es que los funcionarios vascos puedan cobrar en enero la paga de verano de 2013, medida similar a la adoptada en la Diputación de Bizkaia y en el Ayuntamiento de Bilbao, ambos gobernados por el PNV.

La decisión judicial se ha producido el mismo día en el que 2.500 funcionarios han comprobado que habían recibido en sus cuentas bancarias la extra de Navidad. Esta circunstancia, según el Gobierno Vasco, se ha debido a "un error" en la interpretación de la orden de pago, por parte de dos entidades bancarias, la cooperativa de crédito Ipar Kutxa y BBVA, algo que ambas han negado porque los ficheros con esas órdenes "se transmiten informáticamente". En cualquier caso, poco después ambas entidades han cursado una orden para anular ese pago.