Ayuso dice que "sólo un dictador" puede obligar a los médicos a "hacer lo que no quieren"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes "el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia" frente al aborto y ha afirmado que "solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer".

Así ha reaccionado este lunes Ayuso a través de su cuenta de X a otra entrada en la misma red social del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien hoy ha anunciado que el Ejecutivo ha iniciado los trámites para llevar a la Comunidad de Madrid ante los tribunales por negarse a elaborar el registro de objetores de conciencia frente al aborto.

Sánchez ha indicado que la Comunidad de Madrid "deriva ya más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas". Un derecho esencial, "convertido en negocio", que desde el Ejecutivo central no van a "permitir".

Y por eso, el Gobierno solicitará hoy a la Abogacía del Estado presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid: "Defenderemos los derechos de las madrileñas en los tribunales", ha matizado Sánchez.

En este sentido, Ayuso le ha recordado a Sánchez que el PSOE de Castilla-La Mancha "derivó a Madrid 2.000 abortos el año pasado".

Esta mañana, a través de un comunicado, el Ejecutivo de Sánchez ha explicado que inicia acciones legales porque la región presidida por Isabel Díaz Ayuso se niega a cumplir la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, que obliga a las comunidades autónomas a crear un registro confidencial de objetores de conciencia con la finalidad de organizar los servicios médicos para garantizar el derecho al aborto.

Hace unas semanas, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid en el que se recordaba la exigencia de cumplir la ley con la creación de registros autonómicos de objetores de conciencia frente al aborto. Las dos primeras regiones pusieron en marcha los registros, no así Madrid.

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene su posición contra el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo en la sanidad pública. (...) La negativa del Ejecutivo regional a cumplir la ley atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios, y protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99 % de las intervenciones", ha subrayado Moncloa.

El Ejecutivo ha insistido también en que el registro de objetores es una herramienta para que los hospitales públicos puedan organizar sus servicios y garantizar el acceso a este derecho sin derivar sistemáticamente a las mujeres a centros privados. Además, ha recordado que los datos del registro de objetores son confidenciales y en ningún caso de acceso público.