Hacienda ve posible fraude y discriminación en los contratos de Barrabés recomendados por Begoña Gómez

La Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha detectado un posible fraude de ley, así como discriminación, en contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés que incluían cartas de recomendación de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Así lo señala en un informe, enviado a la Fiscalía Europea, que analiza la adjudicación por parte de Red.es de lotes de dos contratos por valor de 8,3 millones de euros a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y The Valley Digital, a quienes Begoña Gómez firmó cartas de recomendación.

El informe cuestiona la forma en la que Red.es analizó las ofertas así como el sistema de puntuación y los pliegos y, por ejemplo, habla de un posible fraude de ley en el hecho de que no fuera un comité de expertos, sino la mesa de contratación, la que evaluase los criterios subjetivos.

Además, ve arbitrariedad y "una actuación discriminatoria que adultera la valoración técnica" en que se tuviesen en cuenta los acuerdos con terceros y las "cartas de apoyo" para valorar las ofertas presentadas, puesto que este elemento no figuraba en los pliegos y evaluarlo perjudicaría a otros licitadores "a los que se ha reducido injusta e ilegalmente" la puntuación.

La Fiscalía Europea investiga si hubo irregularidades en varios contratos que recibieron la recomendación de Begoña Gómez y que antes formaban parte de la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde tanto la mujer del presidente del Gobierno como el empresario Barrabés continúan imputados .

El juez reclama los correos de la asesora con el IE

En paralelo, El juez Juan Carlos Peinado ha reclamado al Instituto de Empresa (IE) que aporte a la causa los correos electrónicos que intercambió con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, mientras la esposa del presidente del Gobierno estuvo al frente del África Center -dependiente del IE- para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil los analice.

Así lo ha acordado el instructor en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que reclama que se entreguen dichos emails al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid "a la mayor brevedad posible".

Peinado ha ordenado dicha diligencia en el marco de la rama del procedimiento en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de la trabajadora de Moncloa y si ésta ha desempeñado funciones privadas para la mujer del jefe del Ejecutivo.

Aunque en un principio, y en el marco de la pieza principal, el juez también investigó al directivo del IE Juan José Güemes por la contratación de Begoña Gómez, la Audiencia Provincial de Madrid levantó la imputación y ordenó dejar fuera del procedimiento todo lo relativo al África Center.

No obstante, en esta ocasión, el juez reclama los correos intercambiados entre el IE y Cristina Álvarez en la rama de investigación en la que indaga si la asesora de Moncloa realizó funciones privadas para la esposa de Pedro Sánchez.

Correos de Presidencia y de la UCM

En esta pieza separada, el juez ya cuenta también con "los correos electrónicos aportados por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio", con las comunicaciones entre la casa de estudios y la asesora de Begoña Gómez.

Fuentes jurídicas avanzan que se trata de más de 200 'emails', pero que solo 121 aluden a cuestiones de agenda y asuntos relacionados con la cátedra que codirigía Gómez, al tiempo que aseguran que no revelarían malversación alguna. Dichos correos se encuentran en sede judicial desde el pasado día 16 de septiembre; la UCO tiene pendiente analizarlos y presentar informe.

Asimismo, el juez está a la espera de que Presidencia entregue al juzgado todos los correos recibidos y enviados por Begoña Gómez a través su cuenta oficial de Moncloa desde julio de 2018, cuando se realizó la designación de Álvarez. La Fiscalía y las defensas han recurrido esta diligencia ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Hazte oír pide prorrogar el plazo de investigación

Al margen, Peinado ha dictado otra providencia, a la que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, en la que solicita a la Fiscalía, a las acusaciones populares y a las defensas que presenten sus alegaciones sobre la pertinencia o no de prorrogar el plazo de investigación en lo que refiere a la pieza principal de la causa, en la que se investiga a Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca.

El juez ha pedido opinión a las partes a petición de la acusación popular dirigida por Hazte Oír, que solicitó que, "en base al artículo 324 de la Ley de Enjuciamiento Criminal, se acuerde la fijación de un nuevo plazo máximo para la finalización de la investigación".

Cabe recordar que el juez empezó a investigar en abril de 2024 una denuncia en la que Manos Limpias acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas.

Desde entonces, Peinado ha ido abriendo nuevas ramas de investigación, como la relativa al registro del 'software' de una cátedra de la UCM que codirigía Gómez y la de la contratación de Álvarez. Esta última, sin embargo, es la única que se investiga en una pieza separada.