Igualdad propone poner límites a la objeción de conciencia cuando bloquee el derecho al aborto

Un informe del Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, advierte de que la objeción de conciencia —el derecho que tienen los profesionales sanitarios a no realizar ciertos procedimientos médicos por motivos éticos, morales o religiosos— se ha convertido en un muro estructural para el acceso al aborto en la sanidad pública.

El estudio, apela a la figura de Simone de Beauvoir, recorando que los "derechos nunca deben darse por conquistados". De modo que pone nuevamente de manifiesto que, convicciones ideológicas y o religiosas a un lado, el aborto es un derecho reconocido por ley cuyo origen se remonta a un hito histórico en el año 1985, cuando la Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, reformó el artículo 417 bis del Código Penal y permitió, por primera vez, la despenalización del aborto en base tres supuestos.

A día de hoy, está pensado para proteger convicciones individuales, se ha generalizado en algunas comunidades autónomas hasta el punto de que “prácticamente la totalidad” de los ginecólogos de determinados territorios se declaran objetores, según pone de manifiesto en el mencionado informe.

El texto detalla que en esos hospitales públicos no se practican abortos quirúrgicos y las mujeres se ven obligadas a desplazarse fuera de su provincia —o incluso de su comunidad autónoma— para ejercer un derecho legal. El informe denuncia que esta situación genera desigualdades sociales, económicas y territoriales. De este modo, solo quienes pueden pagar la derivación a la sanidad privada o costearse viajes consiguen abortar sin trabas, mientras que las mujeres con menos recursos sufren una clara vulneración de derechos.

Para revertir este escenario, el documento propone medidas como:

• Garantizar equipos médicos no objetores en cada hospital, de modo que ninguna mujer quede sin cobertura en su área.
• Vigilar y sancionar la objeción abusiva o fraudulenta, cuando se utiliza como excusa encubierta para negar el servicio.
• Impulsar registros públicos de objetores para planificar mejor los recursos humanos.
• Formar al personal sanitario en salud sexual y reproductiva, reduciendo el estigma que rodea al aborto.

Desde una perspectiva feminista, el problema de fondo es claro: cuando la objeción de conciencia deja de ser un derecho personal y se convierte en un bloqueo colectivo, el mensaje implícito es que la autonomía de las mujeres sigue estando condicionada a las convicciones de otros.

El Insituto de las Mujeres

El aborto es un derecho reconocido en España, pero su ejercicio no es igual para todas. El reto del sistema sanitario, señala el Instituto de las Mujeres, es que la libertad de conciencia de los profesionales no supere ni sustituya el derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre su maternidad.

Cristina Hernández Martín (1979, Ciudad Rodrigo, Salamanca) es quien firma el prólogo del informe, y es la directora del Instituto de las Mujeres por Real Decreto desde 2024. Es Licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca y Master of Arts (Refugee Studies Program) por la University of East London. Especialista en políticas públicas de igualdad y violencia de género, ha trabajado como asesora para ONGs, entidades públicas y organizaciones políticas y ha sido Profesora Asociada en la Universidad de Salamanca, donde ha impartido las asignaturas de Sociología de las Relaciones de Género y Sociología de los Movimientos Sociales. Ha sido responsable de Formación del Servicio 016 de Información y Asesoramiento en materia de violencia de género.