Álvaro García Ortiz, el polémico fiscal general sentenciado por el Tribunal Supremo en una decisión inédita

Álvaro García Ortiz abandona la Fiscalía General del Estado por la puerta de atrás, convertido en el primer líder del Ministerio Público en ser condenado por el Supremo, un tribunal que ha rematado con su sentencia una trayectoria rodeada de polémicas, la de un fiscal contestado dentro y fuera de la carrera.

"La verdad no se filtra, la verdad se defiende", proclamó García Ortiz ante el tribunal que finalmente lo ha condenado -con dos votos discrepantes- por revelación de datos reservados en relación con un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, admitía dos delitos fiscales.

Durante ese procedimiento, iniciado en marzo de 2024, el fiscal general asumió toda la responsabilidad sobre los pasos dados por la Fiscalía y defendió que no se había cometido ninguna ilegalidad. El Supremo ha decidido inhabilitarlo durante dos años para el cargo de fiscal general, lo que precipita el final de su mandato.

Tres años de polémicas

Ungido por Dolores Delgado en 2022, García Ortiz ha tenido que hacer frente desde su llegada a la cúspide de la Fiscalía a todo tipo de acusaciones por su supuesta cercanía al Gobierno y su actitud hacia la amnistía, pero también a los choques con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con la oposición, con dos de las tres asociaciones de fiscales y, por si fuera poco, con el Tribunal Supremo.

Su condena, tan histórica como inédita en democracia, deriva de una causa penal con una importante carga política por estar implicada la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero no deja de ser un capítulo más, en este caso el último, de una serie de polémicas que conviene también contextualizar en la creciente polarización política que ha derivado en nuestro país.

Desde fuera, la oposición lo ha convertido en uno de sus tótem contra el Gobierno, acusándole de ser el ministro 23 y de actuar bajo el dictado de Pedro Sánchez con incontables peticiones de dimisión mientras una y otra vez era respaldado por el Ejecutivo. Incluso hoy, cuando el Gobierno ha reconocido su compromiso con "la ley y con la verdad" y ha sostenido que respeta pero no comparte la sentencia y anuncia que pondrá en marcha su relevo.

Reprobado por el Senado y contestado por el CGPJ

Al margen de ser el primer fiscal general imputado, procesado juzgado y condenado por el Supremo, García Ortiz cuenta con dos hitos negativos que una rama de la judicatura y de la política cita en su hoja de servicios: La reprobación del Senado y el dictamen en su contra del CGPJ que, tras apoyarlo en su primer nombramiento, cuando fue propuesto de nuevo tras las elecciones generales de 2023, viró su criterio y le consideró "inidóneo" para el cargo.

El Consejo le dio la espalda por vez primera en la historia, por cierto, con un solo voto de diferencia, estando en funciones y con el mandato caducado. "Un tribunal de honor", respondió García Ortiz dejando claro en una intervención en el Congreso que "ni los jueces ni su órgano de Gobierno eligen a los fiscales".

Pero resulta que el renovado CGPJ no rehuyó el choque con él, más aun cuando su mandato ha ido en paralelo a su causa penal. El mejor ejemplo y el más reciente ocurrió en septiembre cuando los diez vocales conservadores reclamaron por carta a la presidenta del Consejo, Isabel Perelló, que instara a García Ortiz a no acudir al acto de apertura del año judicial. Pese a las presiones, fue y abordó en su discurso ante el rey su situación.

"Estoy aquí porque creo en la Justicia y en la verdad", dijo en el acto más solemne de la judicatura y en presencia de los magistrados que ahora le han condenado. Aquella proclama no sentó bien entre los vocales conservadores del CGPJ y tampoco en el alto tribunal.

Los desencuentros con el Supremo

Precisamente, su condena por el Supremo es el punto y final a una cadena de desencuentros que arrancó cuando la Sala anuló el ascenso de Dolores Delgado a la categoría de fiscal de Sala, la máxima de la carrera, donde los magistrados vieron una "desviación de poder"; y más tarde su designación como fiscal de Sala de Memoria Democrática.

Y que continuó cuando en un hecho insólito, el fiscal general pidió la recusación de cuatro de los cinco magistrados que iban a revisar su nombramiento, que fue finalmente avalado, tras ser impugnado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales al considerar que su actuación y su "parcialidad" en favor del Gobierno mostraban que su nombramiento no se ajustaba a la ley.

Este movimiento evidencia el otro frente contra el fiscal general, el interno. García Ortiz no ha gozado del apoyo de dos de las tres asociaciones fiscales que le reprochan su política de nombramientos y su gestión en la institución. Nada más gráfico que ver a una de estas asociaciones en estrados reclamando 6 años de prisión -la petición más elevada- por la filtración del caso de Alberto González Amador.

Uno de los choques más mediáticos lo tuvo contra los fiscales del procés cuando estos se opusieron a acatar la orden de García Ortiz, de amnistiar a los líderes independentistas catalanes. O cuando la número 2 del Ministerio Público pidió al Supremo no investigar por terrorismo al ex presidente catalán Carles Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic, desoyendo la posición de la cúpula fiscal. Ambos casos provocaron un enorme desgaste a la institución.

Dentro ha contado con tantos enemigos como amigos. Esos que el día que arrancó el juicio le ovacionaron en el patio central de la sede de la Fiscalía General como muestra de apoyo ante de salir rumbo al Supremo. Probablemente ellos serán su mejor refugio en estas circunstancias.