El Presupuesto de 2026 está ya fuera de plazo sin haber iniciado aún los trámites previos

El plazo constitucional para que el Gobierno presente el proyecto de presupuestos en el Congreso termina este martes, un límite que se ha rebasado en numerosas ocasiones pero al que este año se llega sin haber iniciado aún los trámites previos, lo que complicará todo el calendario.

En caso de que no fuera posible culminar la tramitación este año y se llegara al 1 de enero de 2026 sin unas nuevas cuentas, automáticamente se prorrogarían los presupuestos de 2023, que son los actualmente en vigor y que se convertirían así en los más longevos de la democracia.

"Estamos ajustando ya los últimos números del proyecto de presupuesto" de 2026, aseguró este lunes la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que también avanzó que llevará "pronto" al Consejo de Ministros los objetivos de estabilidad y el techo de gasto.

Incumplimiento del plazo constitucional

La Constitución establece que el Gobierno debe presentar el proyecto de presupuestos en el Congreso tres meses antes de que expire el año anterior, un plazo que no se cumple desde las cuentas de 2016, las últimas de la mayoría absoluta del PP, tramitadas en el verano de 2015.

El último Gobierno de Mariano Rajoy presentó los presupuestos de 2017 y 2018 ya avanzado el año -ambos en el mes de marzo- y, de hecho, estos últimos se aprobaron ya tras la moción de censura de Pedro Sánchez.

Aunque el gobierno de Sánchez presentó proyecto de presupuestos para 2019 -también con retraso-, este fue rechazado en el Congreso, por lo que las cuentas de 2018 se mantuvieron prorrogadas durante todo ese año -en que se sucedieron dos elecciones generales- y 2020 -cuando la pandemia paralizó buena parte de la actividad legislativa-.

También los tres presupuestos aprobados por los gobiernos de Sánchez salieron del Consejo de Ministros con algo de retraso -el de 2021, el 27 de octubre; el de 2022, el 7 de octubre; y el de 2023, el 4 de octubre- pero una tramitación acelerada permitió que estuvieran en vigor a tiempo.

Desde entonces no se ha vuelto a presentar ningún proyecto presupuestario, por lo que las cuentas de 2023 continúan en vigor.

El escollo de los objetivos de estabilidad

Antes de presentar los presupuestos, la ley de estabilidad obliga a aprobar unos objetivos de estabilidad, un proceso que conlleva su propia tramitación parlamentaria, que se suele alargar durante varias semanas y que podría complicarse por las exigencias de Junts.

Los objetivos de estabilidad (déficit, deuda y techo de gasto) para el periodo 2026-2028 se deberían haber aprobado antes de julio junto con el techo de gasto, que no se vota en las Cortes, pero el Gobierno todavía no ha iniciado este proceso.

En primer lugar, el Gobierno tiene que presentar su propuesta a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y a las corporaciones locales en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), donde Hacienda tiene la mitad de los votos, lo que garantiza su aprobación.

Después, el Consejo de Ministros aprueba los objetivos y los remite al Congreso. Si resultan aprobados pasan al Senado y, si la Cámara Alta los avala, quedan definitivamente aprobados; en caso contrario, vuelven al Congreso.

En caso de que la senda de estabilidad no sea aprobada, el Gobierno tendrá que presentar una nueva y, si esta también se rechaza, se mantendrían en vigor los últimos objetivos remitidos a Bruselas, ya muy desfasados.

Los objetivos de estabilidad actualmente en vigor son los recogidos en el programa de estabilidad de abril de 2023 (déficit del 2,5 % para 2026), previos a la reforma de las reglas fiscales europeas, ya que el Gobierno no logró aprobar unos nuevos para el periodo 2025-2027 ante la exigencia de Junts de dar mayor margen a las autonomías, una reivindicación que se mantiene.

Con los objetivos en vigor -ya sean los nuevos o los del programa de estabilidad-, el Gobierno podrá elaborar el proyecto de presupuestos y remitirlo a las Cortes, ya fuera del plazo constitucional, lo que dificulta que pueda completar la tramitación parlamentaria -que se suele extender unos tres meses- antes de final de año.