La sanidad pública española ha sido motivo de orgullo durante los últimos 40 años. Tres hitos jalonan el largo proceso. El primero fue la Constitución, que en su artículo 43 hace responsables a los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas, las prestaciones y los servicios necesarios. El segundo fue el inicio del largo, complejo y tedioso proceso de transferencias de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas atendiendo al principio de descentralización territorial. El tercero fue la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1896, con el asesinado Ernest Lluch como ministro, por la que se regulaba el mandato constitucional mediante dos principios básicos: la universalidad de la Sanidad -la cobertura que se presta a cualquier persona con independencia de sus ingresos, raza, edad, sexo, nivel de ingresos o condiciones de cualquier tipo- y el cambio de financiación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado en vez de hacerlo a través de las cuotas de empleados y empresarios.

Altibajos, tensiones…pero emblema de país

Desde entonces, el modelo aun con altibajos y siempre sometido a tensiones, ha sido parte del relato de la modernización del país. Junto a la Educación pública, era la demostración palmaria de un cambio de era, el testigo de la entrada de España en otra dimensión. La prueba del nueve de la modernidad de la administración. Los ciudadanos la hicieron suya. Pero hoy la sanidad pública está en llamas. Los conflictos, huelgas y protestas afectan a casi todas las comunidades autónomas. Las carencias crecen, no hay personal suficiente y faltan medios. Se acumulan retrasos en la asistencia y la que se presta es de menor calidad. Hasta hace unos años –Estudio sobre el cuidado de la Salud de Noticias Bloomberg- España era el país europeo mejor puntuado y el quinto del mundo en eficiencia, esperanza de vida y costes.

Hoy España sigue en casi todas las clasificaciones entre los diez primeros pero bajando puestos. Y sobre todo, la opinión de los españoles cae en picado: según el Barómetro sanitario del ministerio de Sanidad, entre enero y diciembre de 2022 la valoración del sistema sanitario cayó 12,5 puntos. En una encuesta practicada por Redacción Médica entre 1.200 expertos el 76% la suspende o la aprueba por los pelos. Y en el barómetro de 40Db solo uno de cada tres españoles valora positivamente el funcionamiento de la sanidad. La opinión va en general a la baja aunque varía por territorios. Las grietas son importantes. Navarra suele salir en cabeza y Canarias a la cola, lo cual también habla de la inequidad actual del sistema.

La sanidad pública aporta más a la economía de lo que recibe

Un sistema sanitario público que funciona contribuye más a la economía que los recursos que requiere. Lo acreditan en sus investigaciones dos expertos internacionales, Bloom y Canning, de la Universidad de Harvard: una población con buena salud aporta al crecimiento económico entre el 0,3% y el 0,5% del PIB cada año. Rafael Bengoa, otras de las autoridades más reconocidas mundialmente, sostiene que “la crisis económica en España nos ha hecho olvidar que la creación de un sistema de salud universal como el nuestro ha aportado bastante más a la economía que lo que ha costado y que, por lo tanto, es contradictorio no protegerla como un activo más”. El sistema público de salud genera más de un millón de empleos entre directos e indirectos, los programas de prevención ahorran cientos de millones de pérdidas diarias al sistema productivo, las inversiones en infraestructuras producen actividades económicas añadidas permanentemente, la investigación crea futuro y, sobre todo, un sistema sanitario público que funciona haciendo un país más justo, equitativo, igualitario, digno y orgulloso de sí mismo.

Protestas en la capital onubense por el medicamentazo.

La contrarreforma de 2012, de aquellos polvos…

En 2012 la sanidad pública recibió un hachazo en forma de decreto en plena crisis económica, cuando el Estado estaba más acuciado pero los ciudadanos también. En ese momento lo público puede servir de blindaje social o lo contrario, puede priorizar la protección de las cuentas públicas frente al derecho asistencial. El gobierno de Rajoy hizo lo segundo. Las medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema rebajó la idea de universalidad: 870.000 personas perdieron sus tarjetas sanitarias, muchos de ellos inmigrantes sin papeles y otros colectivos vulnerables. Se introdujo el medicamentazo -se excluyeron 456 fármacos de la financiación pública, que además terminaron encareciéndose conforme dejaban de financiarse- y el copago hospitalario; se achicó la cartera de prestaciones gratuitas, se redujeron plantillas y se recortaron salarios y derechos.

Un sistema sanitario como el nuestro es como un superpetrolero: vira muy lentamente. Hoy percibimos con claridad los efectos de aquellas medidas unidas a los recortes progresivos en el sistema. Y en algunas comunidades se ven claramente las perversas consecuencias de una apuesta, a veces declarada y otras soterrada, a favor de la sanidad privada. Las decisiones políticas tienen consecuencias, aunque sus efectos más demoledores se vean a medio-largo plazo. El superpetrolero ha virado definitivamente. Tardará mucho tiempo en retomar el rumbo. La calidad solo se garantizará con el número adecuado de profesionales, con la formación que requiere la complejidad de la asistencia pública y con los recursos imprescindibles. Es inversión y voluntad política. Cuanto antes se empiece a detener el deterioro progresivo del sistema público, mejor para todos. Está cayendo uno de los tótems de la España moderna. Patrimonio de todos.

El presidente y vicepresidente de Castilla y León el día de la investidura del primero.