El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado sentencia condenatoria contra Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado por un delito de revelación de datos reservados, según establece el artículo 417.1 del Código Penal. El fallo, emitido en la causa especial 20557/2024, incluye una pena de multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros (algo más de 7.000 euros) e inhabilitación especial para ejercer como Fiscal General durante 2 años, además de imponerle el pago de costas procesales y una indemnización por daños morales.

Según ha comunicado el alto tribunal, el fallo se ha aprobado por mayoría de los miembros de la Sala, aunque incorporará dos votos particulares emitidos por las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García, quienes han mostrado su disidencia. Esta situación ha provocado un cambio en la ponencia de la sentencia, que ahora asume el Presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta.

La sentencia llega justo una semana después de que acabase el juicio -el primero que sentaba en el banquillo a un fiscal general del Estado-, en el alto tribunal que cuenta con el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados.

La decisión del Supremo acredita que García Ortiz filtró el 13 de marzo de 2024 un correo electrónico remitido por el abogado de Alberto González Amador, en el que este admitía que su cliente había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. El contenido literal de ese correo se difundió por primera vez en La Cadena SER, a las 23.25 horas de ese mismo día.

Detalles de la sentencia contra García Ortiz

La resolución judicial, aún pendiente de redacción completa, establece que García Ortiz deberá indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por los daños morales causados. Sin embargo, el tribunal ha decidido absolver al Fiscal General "del resto de los delitos objeto de la acusación", aunque no se especifican cuáles eran estos cargos adicionales.

El Supremo también ha ordenado que los objetos intervenidos en los registros practicados sean devueltos a sus respectivos titulares o, cuando corresponda, se proceda a su destrucción. La sentencia surtirá efectos legales una vez sea formalmente notificada a las partes implicadas en el proceso.

Peticiones de las partes y efectos de la condena

Durante el juicio, tanto la Fiscalía como la defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, pidieron su absolución. En cambio, las acusaciones populares y la defensa de González Amador reclamaron penas de prisión de entre tres y seis años.

Finalmente, la Sala Segunda descartó la prisión, pero consideró justificada la inhabilitación, lo que implicará la salida de García Ortiz de la Fiscalía General del Estado.

Esta condena representa un caso sin precedentes en la justicia española reciente, al afectar directamente al máximo representante del Ministerio Fiscal. La inhabilitación especial para el cargo durante dos años plantea importantes cuestiones sobre la continuidad institucional y el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, institución fundamental en el sistema judicial español.

El caso ha generado notable atención mediática y política por la relevancia del cargo afectado y las implicaciones que tiene para la independencia y el funcionamiento del Ministerio Público en España. Las reacciones de los diversos actores institucionales serán determinantes para evaluar el impacto completo de esta sentencia en el panorama judicial español.