Este 1º de mayo coincide con un escenario político muy fragmentado, fruto de las recientes Elecciones Generales en nuestro país.

Al nuevo Ejecutivo le espera un arduo trabajo. Su primera tarea tiene que centrarse en conformar un gobierno estable que posibilite un contexto favorecedor de una recuperación económica real, un reparto justo de los esfuerzos que llegue por igual a pensionistas, empleados públicos y trabajadores en general y devolver a la ciudadanía de nuestro país a la posición que le corresponde en materia de bienestar, igualdad, justicia social y empleo, tras años de sacrificios.

Como venimos denunciando desde hace ya demasiado tiempo, la pluralidad de opciones políticas que hoy representan la voluntad de la ciudadanía en el Parlamento no existe en el ámbito sindical.

La Ley Orgánica de Libertad Sindical permanece prácticamente inalterada desde su redacción, privilegiando a unos sindicatos políticos que han perdido el contacto con la realidad.

Por eso urge una reforma de esta Ley de forma que se posibilite un escenario que favorezca la entrada a sindicatos independientes como CSIF en el diálogo social, frente a la actual situación de monopolio de las organizaciones de clase.

Nos encontramos en un momento crucial donde todavía continúan abiertas las heridas de la crisis: condiciones laborales desiguales, empobrecimiento, abuso de la contratación temporal, deterioro de los servicios públicos.

Todo ello agravado por una elevada tasa de paro juvenil, donde el desapego entre el mundo formativo y el empresarial no favorece la integración de la juventud en el mercado laboral, y por una tasa de desempleo estructural sólo superada por Grecia y que prácticamente dobla la media europea.

Queda mucho camino que recorrer en pro de un empleo digno y de calidad para las mujeres, desterrando de una vez por todas las situaciones de discriminación y la brecha salarial. En un país con unos horarios absolutamente desbordantes, la conciliación de la vida laboral y familiar sigue siendo un mero anhelo.

Por otro lado, para impulsar la mejora de los servicios públicos que sostienen el Estado del Bienestar es imprescindible hacer un análisis serio sobre los problemas endémicos de nuestras administraciones.

Urge en este sentido establecer una hoja de ruta que permita profesionalizar la Administración y garantizar su independencia.

Una de las primeras tareas que CSIF exigirá al nuevo Gobierno es definir qué servicios públicos deben garantizarse con el dinero de los impuestos, y una vez definidos, que se blinden legalmente para evitar la tentación de nuevas privatizaciones. Para ello, reclamaremos reducir los altos cargos, los nombramientos a dedo y que se propicie el acceso por mérito y capacidad hasta los directores generales.

Desde organizaciones como CSIF tenemos mucho que decir. La sociedad demanda un modelo de sindicalismo independiente de los partidos políticos, profesional, transparente y honesto en sus cuentas. Sólo faltan políticos coherentes que cuando les toca gobernar hagan lo que dicen que sería de justicia y promuevan cambios legislativos que nos permitan conformar un escenario de diálogo social adaptado a los tiempos que corren.