Hasta 511 menores de Granada, castigados durante 2024 a hacer trabajos de reparación de daños a la sociedad

Un total de 511 menores de edad, la mayoría varones, fueron castigados durante el año pasado con medidas no privativas de libertad que imponen los jueces, tales como prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas en servicios municipales y entidades sociales. Así lo ha destacado la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que es quien facilita a estos ciudadanos menores de 18 años poder reparar sus daños a la sociedad a través de convenios firmados con ayuntamientos y Organizaciones No Gubernamentales de la provincia. El año pasado fueron 63 y este año doce más, 75.

Según la nota de prensa difundida por la administración autonómica, el perfil de los menores que cumplen medidas de medio abierto es el de varones, que suponen un 81,5% del total mientras que el resto son mujeres. El prototipo de infractor se completa con que el 90,2% son españoles, con edades comprendidas entre los 16 y los 17 años (el 51,2%). De las 4.681 medidas de medio abierto dictadas el año pasado en toda Andalucía, 511 se llevaron a cabo en Granada, el 10,9% de la comunidad.

Actualmente hay firmados 75 convenios con ayuntamientos de la provincia. Durante este año 2025 se han firmado doce nuevos convenios con los consistorios de Loja, Padul, Motril (renovación) Pedro Martínez, Alhama de Granada, Fuente Vaqueros, Pinos Puente, Alfacar, Montejicar, Cogollos Vega, Nivar y Villanueva de Mesía. Además se han llevado a cabo la firma de 7 convenios con entidades sin ánimo de lucro (Ciudad de los Niños y Almanjayar en Familia (ALFA), Fundación Calor y Café, Cáritas Diocesana de Granada y Cáritas Diocesana de Guadix-Baza, Afemagra y Vale).

Entre las actividades realizadas por los menores durante el primer semestre de 2025 destacaron el reparto de alimentos; auxiliar de clases de español para inmigrantes; apoyo educativo y refuerzo escolar, auxiliar de ocio y tiempo libre, apoyo a la limpieza y mantenimiento de espacios públicos, mantenimiento de polideportivo, jardinería en espacios públicos, auxiliar en ludoteca municipal, etc.

Además el Centro de Internamiento (CIMI) Genil, dedicado a la reinserción de menores infractores de Andalucía, cede gratuitamente al Ayuntamiento de Granada las plantas cultivadas en su vivero para que sean replantadas en los distintos parques, jardines y zonas verdes de la ciudad

La Junta de Andalucía tiene entre sus competencias garantizar los medios necesarios para la ejecución de las medidas impuestas por los jueces de Menores, tanto de internamiento como de medio abierto. La Ley del Menor, que el pasado enero cumplió 25 años, otorga a la Administración competente en Justicia Juvenil la posibilidad de realizar convenios con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas, recuerda la administración.

Entre las medidas de medio abierto que pueden fijar los jueces están la realización de prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas, que, según ha destacado el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, “persiguen la reeducación de los jóvenes en situación de conflicto mediante actuaciones reparadoras a la sociedad”.

Durante 2024 se ejecutaron en Andalucía 567 medidas de medio abierto consistentes en tareas socioeducativas y 321 relativas a prestaciones en beneficio de la comunidad impuestas por los jueces. En ningún caso estas tareas realizadas por los menores infractores son remuneradas ni sustituyen ningún puesto de trabajo.

Además, los convenios con los ayuntamientos también implican la colaboración de la Policía Local para el cumplimiento de las medidas de libertad vigilada, que son las que más imponen los jueces de Menores (1.875 durante el año pasado).

Los equipos provinciales del Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA), dependientes de las delegaciones territoriales, se encargan de hacer un seguimiento del cumplimiento de las medidas y remitir informes a los jueces, notificaciones y comunicaciones “que ya pueden realizar de manera telemática gracias a la implantación de la herramienta PRISMA que supone la existencia de un único expediente digital de cada menor”, ha recordado Nieto.