El Colegio de Abogados de Granada, a través de su Junta de Gobierno, muestra su frontal rechazo y oposición al plan de choque propuesto por el Consejo General del Poder Judicial en el que, con fecha 7 de abril, recoge una serie de medidas organizativas y procesales para evitar el colapso de la Administración de Justicia una vez que finalice el estado de alarma.

La Corporación profesional manifiesta que el documento elaborado por el CGPJ, además de haber sido "diseñado sin tener en cuenta al resto de operadores jurídicos, representa una reforma legislativa y procesal encubierta que en modo alguno se justifica ni se puede admitir en la forma que se plantea".

Por el contrario, el Colegio de Abogados apoya las medidas inicialmente planteadas por el Consejo General de la Abogacía Española, las cuales están dirigidas a restaurar de forma progresiva la Administración de Justicia tras Semana Santa, entendiendo que son más eficaces contra el colapso del sistema que está generando la actual crisis sanitaria y se adecuan mejor a la realidad que viven diariamente los Juzgados y Tribunales, justiciables y profesionales que intervienen en la defensa de sus intereses.

En este sentido, la Abogacía granadina considera que las medidas del CGPJ parecen revestir un carácter permanente que está en total contradicción con la provisionalidad que supone un plan de choque coyuntural, en tanto que se pretenden modificar los requisitos de los recursos, la condena en costas, la imposición de multas añadidas como medida coercitiva para no litigar, la cuantía de los juicios verbales y la modificación de plazos y días hábiles, entre otros, función además que no es competencia del órgano de gobierno de los jueces.

Asimismo, el Colegio de Abogados de Granada entiende que las medidas de "agilización procesal" planteadas por el CGPJ van encaminadas a "lograr una diminución de la carga de trabajo de los órganos judiciales a costa de menoscabar el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos a través de la desincentivación del acceso a segunda instancia, con condenas en costas procesales e incluso multas o la elevación de las cuantía de las demandas cuyo cauce procesal se determine por razón de la cuantía, entre otras".

"No puede tolerarse en modo alguno la aplicación de medidas que supongan una vulneración de derechos fundamentales de los usuarios de la Administración de Justicia, que conculcan el derecho a la tutela judicial efectiva, de sus propios miembros y de los profesionales que, cada uno en su ámbito, ejercen su actividad, destacando la limitación al derecho de defensa, minimizando y no considerando la función que los abogados desarrollamos", recoge el comunicado emitido por la Junta de Gobierno de la Abogacía granadina.

Respecto a la propuesta de habilitar como laborable el mes de agosto, el plan de choque habla de "racionalizar" -que no suprimir- las vacaciones de jueces, fiscales y funcionarios, obviando de forma incomprensible al resto de operadores jurídicos, y más concretamente a los abogados, e ignorando absolutamente el derecho a la conciliación familiar del resto de profesionales, en especial para los que integran medianos o pequeños despachos.

Para la Abogacía, esta medida provocaría una bajada del rendimiento durante varios meses, por lo que resultaría más operativo concentrar las vacaciones en los órganos judiciales en el mes de agosto, manteniendo un funcionamiento total durante el resto del año.

Por todo ello, el Colegio de Abogados sostiene que "este plan de choque conduce a un debilitamiento, aún más si cabe, del colectivo de la abogacía, eje fundamental del estado derecho y democrático y cuya función viene específicamente regulada en la Constitución Española, además de menoscabar los derechos de los ciudadanos y no garantizar esa agilización de la Justicia tan necesaria".

Asimismo, el colectivo indica que "hay que destacar que por parte del CGPJ no se han adoptado en todo este tiempo de cuarentena las medidas adecuadas para asegurar el teletrabajo de los funcionarios (como las medidas gubernamentales aconsejaban) y se ha interesado de abogados y procuradores la no presentación de escritos a través de la plataforma LexNet, lo que sin duda alguna ha contribuido en gran medida a la situación de colapso que se producirá una vez se declare el fin del estado de alarma".

En consecuencia, la Corporación se opone de plano a gran parte de estas medidas, dando traslado de las consideraciones oportunas y propuestas por parte de la Junta de Gobierno al CGAE para que, a su vez, de forma conjunta y unitaria con las del resto de Colegios de España se trasladen tanto al Consejo General del Poder Judicial como al Ministerio de Justicia.