El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución de un hombre que fue enjuiciado en la Audiencia de Granada por la supuesta estafa a un hostelero de esta ciudad al ofrecerle una inversión en oro del congo. 

La Audiencia Provincial de Granada, cuyo fallo ha sido confirmado ahora por el TSJA, consideró probado que Álvaro Rafael C.S. "destinó realmente el dinero recibido de Antonio Enrique M. R. a su inversión en la compra de oro y que dicho negocio no llegó a buen fin, perdiéndose toda la inversión". Dicen los magistrados que "para llegar a esa conclusión, no es necesario que se conozca al detalle y que, por tanto, lasentencia concrete y tenga por acreditado el destino específico de cada fracción de los fondos entregados". 

El TSJA ha fallado así contra el recurso presentado por el afectado y al que se adhirió la Fiscalía. En el escrito de acusación de esta, previo al juicio en la Audiencia, quedaba explicado que el afectado confió en el inversor porque era de "conocida familia" y la interventora del banco le confirmó su "solvencia". En 2012, durante la crisis económica en España, llegó a entregar 52.000 euros para la supuesta importación de oro procedente de las minas de Congo, pero no solo resultó un negocio infructuoso, sino que perdió todo rastro del dinero aportado. 

El escrito de acusación de la Fiscalía explicaba que el denunciante, que es el presunto estafado, confió en las posibilidades de su inversión al venir de la mano de un intermediario y al ser el acusado un empresario conocido en Córdoba, con cargos en una decena de empresas. Además, una empleada de la sucursal del banco le confirmó que era "solvente". 

"Aprovechando tal apariencia de solvencia personal" ofreció a la supuesta víctima un negocio que consistía en traer el metal precioso de África. Para ello se vieron en una gestoría de Cenes de la Vega, en presencia del responsable de ese negocio y del intermediario que los había puesto en contacto. 

El asunto debió de dejar convencido al hostelero granadino, que volvió a verse con el empresario cordobés en su propio negocio de Granada para hacerle una primera entrega de 17.000 euros, en enero de 2012. En metálico y sin recibo, "dada la confianza que el había generado". Además, todo sucedió en presencia del citado intermediario.

Casi tres meses después (sin quedar constancia de si hubo en ese tiempo algún pago de supuestos beneficios), se produjo el pago más cuantioso, de 33.000 euros, para la inversión en el Congo. Esta vez, el dinero llegó al acusado a través de una transferencia bancaria desde una sociedad controlada por el denunciante hasta la cuenta de la empresa que supuestamente se encargaba de hacer estos negocios en el extranjero. 

La última entrega para la misma inversión, de 3.000 euros, se produjo en julio de ese año, durante una reunión personal entre ambos empresarios y en presencia del mismo intermediario. 

Explica la Fiscalía en su escrito que el denunciante, "visto que transcurría el tiempo y no obtenía rendimiento del dinero invertido", trató de contactar con el acusado para obtener explicaciones. Pero el supuesto importador de oro del Congo ya no cogía el teléfono y cortó toda comunicación, incluso con el intermediario, que también trataba de localizar al empresario cordobés. 

El acusado aportó una copia de declaración de movimientos de pago de los 33.000 euros, que tendría Córdoba como lugar de partida y Nairobi (Kenia), como llegada. Así es que los jueces han considerado que la inversión fue real y llegó a producirse.