Absuelven a Gerardo Sánchez de los vertidos de aguas fecales del PTS

El Juzgado de lo Penal 4 de Granada ha absuelto al alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez (PSOE) de los delitos contra el medio ambiente y prevaricación administrativa continuada que le imputaba la acusación popular ejercida por el PP en el caso de los vertidos de aguas fecales procedentes del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), según consta en el fallo de la sentencia, al que ha tenido acceso este diario.

De igual modo, el magistrado ha absuelto a Humberto G., el ingeniero director de la obra investigada en este caso, quien ya salió del juzgado libre de todo cargo tras el juicio, pues la Fiscalía de Granada no había formulado acusación contra él y el PP acabó retirándola. El técnico había sido acusado solo de un delito medioambiental y ha estado representado en el proceso por el letrado Alejandro Parra.

La resolución dictada en este mediático caso pone fin a un largo proceso en el que Sánchez, que inicialmente se enfrentaba a una petición fiscal de un año de prisión, seis meses de inhabilitación y multa de 1.800 euros, siempre ha defendido su inocencia. El PP, por su parte, pedía que fuese condenado a 5 años de prisión y 12 de inhabilitación.

Durante la vista, que se desarrolló en los juzgados de la Caleta los pasados días 16 y 17 de este mes, el socialista negó haber autorizado el punto del vertido que supuestamente contaminó las aguas de la Acequia Arabuleila y aseguró que cuando llegó a la Alcaldía de Armilla en 2007 ya existía.

La investigación de los vertidos de las aguas fecales del PTS se inició a finales de 2011. De su instrucción se ocupó el magistrado Antonio Moreno, titular del Juzgado de Instrucción 4. El detonante fue una denuncia formulada por el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Armilla, encabezado por Antonio Ayllón (PP), que quería que se investigasen las posibles irregularidades ocurridas en la urbanización del Plan Parcial del Campus de la Salud de Granada, relacionadas con la solicitud de una subvención para obras de saneamiento.

En el marco de esta causa se llegaron a adoptar incluso medidas cautelares para preservar la salud pública, pues cuando el juez tuvo conocimiento de los resultados de los análisis practicados por el Seprona de la Guardia Civil a las muestras de agua tomadas en el caudal afectado, instó a "las administraciones responsables" a adoptar medidas urgentes para frenar las emisiones.

Durante su interrogatorio como acusado, Sánchez explicó que las obras de urbanización del Campus se han dividido en tres fases y que cuando llegó se encontró con que las dos primeras ya las había hecho la Junta de Andalucía. Él se encargó entonces de buscar dinero para la tercera, que correspondía al Ayuntamiento de Armilla y que costaba más de 3 millones de euros. De ellos, 450.000, como detalló, los solicitó a la Agencia IDEA -dependiente de la Junta- para iniciar las obras en 2010 y ejecutar la red de saneamiento, imbornales y la red eléctrica. Luego descubrió "problemas en la red de saneamiento, en las conexiones a la red general". Faltaba una tubería que "debía haber pero no había". También indicó que en marzo de 2011 hubo lluvias muy intensas que provocaron inundaciones en la zona, por lo que autorizó un aliviadero para aguas pluviales, en el que negó que estuviera el origen del vertido.