Más de 60 pisos de Almanjáyar pasan de venta a alquiler para facilitar el acceso a las familias

La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, junto con la delegada de Fomento y Vivienda, Mariela Fernández-Bermejo, visitó una promoción de 64 viviendas protegidas en Almanjáyar. El edificio, que inicialmente la Junta ofertó en régimen de compra, se ha pasado a alquiler para favorecer el acceso a las viviendas de familias que lo necesiten.

Sandra García ha resaltado el trabajo que la Junta lleva a cabo en el distrito Norte de la ciudad "tanto desde la Consejería de Fomento y Vivienda, para garantizar el acceso a una vivienda, rehabilitando edificios y recuperando espacios públicos; como desde todas las áreas, luchando contra el absentismo escolar, promocionando una vida saludable, fomentando la convivencia intercultural, entre otras cosas".

Esta promoción de viviendas consta de cuatro plantas y dos sótanos, organizada en tres bloques, con dos amplios patios y zonas comunes abiertas al exterior, y entrada por la calle Villa de Oña y por Valdepeñas. Desde un primer momento, fueron construidas con orientación social, ya que estaban destinadas a familias con recursos económicos más limitados, con un nivel de renta inferior a 2,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). El conjunto de las 64 VPO, de tres y dos dormitorios, contaba con unos precios de venta que oscilaban entre los 76.689 euros para las viviendas de unos 60 metros cuadrados útiles y los 90.210 euros para los pisos de mayor tamaño, con una superficie media de 70 metros cuadrados.

No obstante, según la delegada, "ante las dificultades de comercialización de esta promoción de vivienda protegidas en venta, agravadas por la crisis, y conscientes de las necesidades habitacionales de la población, decidimos cambiar su uso, lo que ha permitido que existan 14 en régimen de compraventa y 50 en régimen de alquiler con opción a compra". Además, la Consejería de Fomento y Vivienda, para el acceso, ha aprobado una serie de medidas de ayuda al inquilino, de manera que las rentas son variables, en función de la situación socioeconómica de cada familia, y se sitúan en torno a los 150 euros más los gastos de la comunidad. "No hemos cejado de activar medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna, pues somos conscientes de que la situación económica".