Amnistía Internacional iluminará el Ayuntamiento contra la pena de muerte
Granada es una de las casi 1.300 ciudades del mundo que se movilizarán el próximo martes por la abolición de este castigo
Con motivo de la celebración de la IX Jornada Mundial Ciudades por la Vida, activistas de Amnistía Internacional y de la Comunidad de Sant'Egidio se movilizan este martes en 1.289 ciudades de 83 países, incluida Granada, para pedir la abolición de la pena de muerte en todo el mundo iluminando los edificios más representativos de cada lugar.
El grupo local de Amnistía en Granada iluminará la fachada del Ayuntamiento con una proyección animada en contra de la pena de muerte y se celebrará una mesa informativa para dar más información a todos los ciudadanos sobre los motivos por los que Amnistía Internacional persigue la abolición de esta práctica.
Desde el pasado 10 de octubre, Día mundial contra la pena de muerte, Amnistía Internacional ha recogido más de 50.000 firmas para acabar con la pena capital en Estados Unidos, que se entregarán esta semana en la Embajada de este país en Madrid.
Según informó Amnistía, más de de dos tercios de los países del mundo han abolido ya la pena de muerte en la ley o en la práctica. En la actualidad, hay 139 países abolicionistas, y sólo una minoría de 58 países siguen ejecutando estas penas. A pesar de ello, "no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que sigan siendo muchos los países que continúan manteniendo la pena capital y muchas las personas ejecutadas cada año".
Amnistía Internacional asegura que continúa trabajando para poner fin a las ejecuciones y en favor de la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y en toda circunstancia. "Consideramos que es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes. La pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada y se lleva a cabo arbitrariamente contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas", señaló la ONG.
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