Áridos Anfersa, la empresa granadina que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil vincula a la trama de las mascarillas presuntamente urdida por Koldo García, mano derecha del ex ministro José Luis Ábalos, aumentó desde 2021 -y en solo dos años- el número de adjudicaciones públicas ganadas en concurso hasta un 466%. La compañía pasó de ser beneficiaria de 18 a 63 contratos entre ese año y 2022, subiendo esa cifra a 102 en 2023, según los datos del portal Gobierto Contratación. El importe total de las adjudicaciones también creció de forma exponencial en esos años, pasando de 696.581,7 euros en 2020 a 1,94 millones en 2021. La cifra ascendió en 2022 hasta 3,31 y en 2023 a los 7,26 millones de euros, una progresión espectacular. En esos años, el principal adjudicatario es Tragsa, un organismo que depende del Ministerio de Hacienda (por medio de la SEPI). Este diario trató de ponerse en contacto en repetidas ocasiones con Áridos Anfersa o algunos de sus representantes, pero han preferido no hacer declaraciones al respecto sobre estos asuntos. 

La investigación de la UCO, entre otros asuntos, centra una parte de sus pesquisas en la contratación en 2022 de la mujer de Koldo García, Patricia Uriz, por Áridos Anfersa, una compañía granadina radicada en Baza; además de la adjudicación de dos contratos por parte de Adif, dependiente del Ministerio de Transportes, a una Unión Temporal de Empresas en la que participaba la mercantil granadina.

Áridos Anfersa es una empresa fundada en Baza en el año 1998 y se dedica a la fabricación de áridos y la explotación de canteras. De hecho, así inició su actividad la compañía, en la cantera El Carmen, aunque con los años ha ido aumentando su abanico de servicios más allá de la extracción, completando todo el camino hasta la aplicación de estos. Dada la actividad tan particular y específica, sus productos son muy demandados sobre todo en obra civil y construcción de infraestructuras, de ahí a que tenga una elevada presencia en contratos del sector público. De hecho, figura como una de las empresas en la lista de Grandes Beneficiarias de Ayudas y Subvenciones Públicas del año 2022, elaborada por el Ministerio de Hacienda. En ese año, Anfersa recibió una ayuda equivalente acumulada total de 315.108,04 euros. De las 13.045 compañías que figuran en esa relación, la empresa bastetana ocupa el puesto 3.927.

Anfersa cuenta con ocho centros de producción situados en canteras, dos en la provincia de Sevilla (Fuenteluenga en El Pedroso y El Parroso, en Villanueva del Río y Minas), muy próximas a la Sierra de Hornachuelos; una en Almería (cantera Castejones, en Albox), y cinco en Granada (cantera Blanca en Zújar y El Carmen, en Baza; Vélez de Benaudalla; Loma Umbría en Otura y Corales en Albuñuelas). Por todo ello, es una empresa que ya está en su tercera generación y es muy reconocida sobre todo en la comarca de Baza. "En el proceso de crecimiento de Áridos Anfersa nos hemos especializado en la ejecución de obra civil tanto privadas como públicas, resultando adjudicatarios de obras con diversas Administraciones Públicas", expresan en su página web, donde resaltan su especialización en trabajos de "pavimentación asfáltica".

Lo llamativo de los datos reunidos por Gobierto Contratación y cotejados de la Plataforma de Contratación del Estado es el aumento sustancial tanto del número de contratos con la administración pública como del importe de las adjudicaciones que ganó Anfersa, sobre todo a partir del año 2020, acrecentados en la época posterior a las reuniones que investiga la Guardia Civil por el caso Koldo. Así, se pasa de los uno y siete contratos asignados entre 2017 y 2018, por importes que no superaron los 200.000 euros totales a un salto de 16 adjudicaciones los dos años siguientes, con valores entre los 531.617 y los 696.581 euros. El gran salto llega ya en el periodo 2020-2021. Aunque Anfersa fue beneficiaria de casi el mismo número de concursos (18), estos tenían más valor hasta rozar los dos millones de euros (1.944.334,1). 

Los aumentos siguieron en los años posteriores. De 2021 a 2022 Anfersa pasó de 18 adjudicaciones a 63, un 250% más, por un valor de los contratos que subió a 3,31 millones de euros. En el periodo siguiente, el número de contratos adjudicados a la empresa bastetana superó el centenar (103), llegando a un montante total de todos ellos de 7,32 millones de euros (7.319.162,2). En el periodo comprendido entre 2021 y 2023 la cifra de contratos adjudicados a Anfersa se multiplicaron por cinco (un 466,67%) y casi por tres el importe en euros (273,35%).

Tragsa

La mayoría de estos contratos, tanto los adjudicados como a los que se presenta la empresa se refieren a obras de construcción, con áreas de concretas de suministros de hormigón; grava, arena, piedras machacadas y agregados; materiales de construcción y afines; betún y asfaltos. En los últimos años, por su tipo de actividad, Anfersa ha conseguido hacerse con contratos dentro de acuerdos marco con Tragsa, una empresa pública dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y esta del Ministerio de Hacienda, dedicada a la ejecución de infraestructuras, el aprovechamiento del agua y la sanidad alimentaria, orientada al ámbito rural.

"Un acuerdo marco es un instrumento de racionalización técnica de la contratación consistente en preestablecer una serie de condiciones o términos que serán comunes a todos los contratos que se adjudiquen durante su vigencia", explica el Ministerio de Hacienda en su web de contratación centralizada. "Este sistema permite simplificar la tramitación de los contratos y posibilita la adhesión de organismos o entidades del sector público estatal no incluidas en el ámbito obligatorio de la contratación centralizada, así como de Comunidades Autónomas y Entidades Locales", añade.

Antes de 2021, Anfersa no había ganado ningún concurso por un valor que superara el millón de euros. Desde ese momento fueron 22 hasta la actualidad. Todos fueron con Tragsa, en diferentes conceptos básicos para el mantenimiento y construcción de caminos y carreteras (suministros de zahorras, bituminosas, incluso sal para el deshielo), salvo uno con la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (suministro para la adecuación de un tramo del Camino de Santiago en Sevilla), otro con la Diputación de Málaga (refuerzo de carreteras provinciales), el del Ayuntamiento de Motril (obras de la Circunvalación Sur), y el investigado por la UCO con Adif para la renovación de la LAV Sevilla-Madrid. Así aparece en el portal de Contratación del Estado, donde hay otros centenares de contratos menores con todas las administraciones, desde ayuntamientos a organismos de Diputaciones o delegaciones de la Junta. Así, en el portal de la Plataforma de Contratación del Estado figuran 243 contratos asignados a Anfersa desde el año 2017.

El caso

Estas cifras no cuentan las de los contratos que señala el informe de la UCO, que en este portal figuran por separado. Los agentes ponen el foco en el contrato que Adif otorgó el 25 de mayo de 2022 por valor de 557.699,18 euros a la UTE Aritec-Anfersa Utrera, que se refería al suministro, transporte y descarga de 17.000 toneladas de balasto para la modernización de la línea ferroviaria convencional de la línea Bifurcación de Utrera-Fuente de Piedra, entre las provincias de Sevilla y Málaga, y que forma parte del Eje Ferroviario Transversal de Andalucía.

Para la Guardia Civil, "resulta llamativo" que el Administrador otorgase "un contrato público a una UTE que aún no se había constituido" teniendo en cuenta que fue más tarde, el 9 de junio de ese año, cuando Áridos Anfersa formalizó esa unión de empresas. Fue el 22 de julio de 2022 cuando las sociedades Aridos Anfersa, Aritec Almonacid y Aridos Técnicos, constituyeron la UTE Aritec-Anfersa Hornachuelos, a la cual el 2 de noviembre de 2022 se adjudicó un contrato por valor de 5.264.498,25 euros, en concreto para el "Suministro y transporte de balasto para la renovación del balasto de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla fase 2". Este contrato también figura aparte como el de la UTE con Obras Públicas y Regadíos para las obras de la Circunvalación Sur de Motril, pero que no figura en la investigación.

En el auto judicial del pasado 7 de febrero, en el que el juez ordena prorrogar las escuchas telefónicas de los investigados, se justifica la medida con una relación de hechos sospechosos que puso de manifiesto la Guardia Civil en sus informes, como la compra por parte de Koldo García y de su pareja de una serie de inmuebles sin necesidad de contraer deudas. En especial, el juez cita uno de los bienes patrimoniales que se pusieron "a nombre de su hija menor de edad". Esta vivienda "fue adquirida sin la necesidad de formalizar hipoteca y para ello se hizo uso del dinero en efectivo". Compras a tocateja que llevaron a los miembros de la UCO a pedir la ampliación de las escuchas, a abundar en sus pesquisas y a tirar del hilo hasta obtener nuevos detalles de la trama como la reunión del ministro en Granada o el papel de la empresa de Baza.