Aplazado el juicio por el fraude del oro para intentar llegar a un acuerdo

El juicio por el fraude del oro se suspendió ayer finalmente ante la posibilidad de que las partes puedan alcanzar un acuerdo, según informaron fuentes de la Audiencia Provincial de Granada, donde estaba previsto que arrancase la vista. Según otras fuentes del caso se ha vuelto a señalar para el 27 de octubre.

Cinco son los encausados en esta presunta estafa piramidal ocurrida en Granada en 2006, que se saldó con más de 200 pequeños inversores afectados y 1,5 millones de euros presuntamente defraudados.

Los principales acusados son César M.C. y Víctor F.P., como representantes y administradores únicos de las empresas que prometieron a las víctimas cuantiosos beneficios si invertían en la compraventa de oro electrónico. Ambos se enfrenta a una petición fiscal de ocho años de prisión por dos delitos: uno de estafa continuada y otro de falsedad en documento oficial.

Los tres acusados restantes son Eva M.M., Fátima G.P. y Hugo F.R., todos ellos empleados de las empresas Beaver Financial Corporation S.L. y Granadahouse Consulting S.L. y a quienes el Ministerio Público atribuye también un delito de estafa continuada, por el que solicita que sean condenados a 6 años de prisión.

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que tuvo en su día acceso este diario. En él, junto a las penas de prisión, la Fiscalía reclama que los acusados indemnicen a los 203 afectados con las cantidades que percibieron de ellos, que suman un total de 1.539.288 euros.

De acuerdo con el relato que realiza el Ministerio Público en su calificación, los acusados César M.C. y Víctor F.P., actuaron "dando apariencia de legalidad a sus operaciones mediante la inscripción de sus sociedades en el Registro Mercantil y la apertura de oficina y contratación de personal". Una vez creadas las empresas y "de común acuerdo con los empleados" de las mismas, captaron a clientes "con ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial, y a sabiendas de que el capital invertido nunca iba a ser destinado al fin previsto".

La Fiscalía sostiene que los cinco implicados en el caso, que fue investigado por el Juzgado de Instrucción 1 de la capital, "de manera reiterada en el tiempo desde enero de 2006 y hasta diciembre de 2007, suscribieron contratos privados de intermediación financiera en la localidad de Granada cuyo objeto era la entrega por parte de los clientes de capital para la adquisición de oro y metales preciosos en el mercado de Londres, para su posterior alquiler o venta a entidades que necesitaran acreditar su solvencia o avalar operaciones".

Los acusados garantizaban a los inversores la percepción de una rentabilidad máxima del 75% del capital invertido, si bien "nunca llegaron a reinvertir las cantidades aportadas en la compra de oro ni metales preciosos, ni a realizar operación de inversión alguna, valiéndose de las primeras inversiones realizadas para simular que cumplían con lo acordado". Es decir, que con los primeros pagos reintegraron a los primeros clientes la inversión inicial y los intereses pactados con el capital aportado por los nuevos inversores, "aparentando así cumplir con sus obligaciones creando un clima de absoluta confianza que permitiese atraer nuevos inversores y la aportación de más capital, generando con ello una estructura piramidal".