Archivan la denuncia de los padres de un niño autista contra sus educadores

Marco (nombre ficticio) es un niño granadino con autismo y por tanto con unas necesidades educativas especiales. El curso pasado estuvo sin escolarizar. El motivo: las "discrepancias" de sus padres con los responsables y profesores del centro donde había sido matriculado sobre determinadas actividades educativas complementarias que suponían la salida del niño del recinto educativo. Los padres se negaron a que su hijo participase en ellas, generándose un problema que acabó en una denuncia penal.

El caso aterrizó en el Juzgado de Instrucción 6 de la capital, cuyo titular es el magistrado Miguel Ángel del Arco, que ha decidido archivar la denuncia mediante un auto en el que deja claro que "los padres participan en la educación, pero los profesores dirigen el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos en los términos que la ley establezca con el respaldo de los jueces y tribunales en un Estado de Derecho".

La resolución, dictada el pasado 6 de mayo y que según las fuentes consultadas ha sido recurrida ante la Audiencia, decreta así el sobreseimiento provisional de la causa. Los padres de Marco querían que se investigase si los denunciados podían haber incurrido en delitos de falsedad, falso testimonio y lesiones, ilicitudes que el magistrado descarta totalmente. "De la simple relación de hechos de la denuncia -señala- abstracción del problema humano y educacional que subyace, no era deducible la existencia de la relación de delitos imputados a unos profesionales de la enseñanza: lesiones a un menor, falso testimonio y falsedades".

Los denunciados eran en concreto el director del primer centro donde fue matriculado el crío cuando tenía 3 años, la coordinadora del Equipo de Orientación y Evaluación, una experta de este equipo y la secretaria del segundo centro donde fue escolarizado el menor el curso siguiente, donde permaneció hasta surgir las diferencias. Esas discrepancias motivaron que los padres pidieran un cambio de centro. Su solicitud fue atendida y se les comunicó telefónicamente el 24 de septiembre de 2013 el nuevo colegio asignado, donde no llegaron a matricularlo.

El archivo de la denuncia se produce tras recibirse en el órgano judicial toda la documentación e información solicitada a la Delegación de Educación, así como un informe pericial que el magistrado califica de "ilustrativo y esclarecedor" y que respalda la actuación de los educadores de Marco.

El citado informe, elaborado por un especialista en Didáctica y Organización Escolar, determinó que las actuaciones de la Dirección del centro eran "correctas y se ajustan a la legislación vigente, excepto en lo que se refiere al procedimiento", pues las comunicaciones a los padres debieron de hacerse por escrito y con registro.

También concluye la pericial que "el resto de profesionales que intervienen y la gestión de todos los trámites y procesos restantes están acordes con los procedimientos establecidos".

El juez muestra su preocupación por el hecho de que el menor no haya sido escolarizado este curso, siendo, como recuerda, obligatoria la escolarización de todos los niños entre 6 y 16 años. Es por ello que remite el expediente a la Fiscalía de Menores "por si procediese alguna medida respecto de dicho menor". La pericial , de hecho, deja claro que "por encima de todas las diferencias y cuestiones se tienen que anteponer los derechos del menor".

Los progenitores denunciaban, entre otras cosas, que cuando Marco tenía 3 años se produjo una supuesta "escolarización irregular", que se realizó "sin ser previamente evaluado psicopedagógicamente, obligando a los padres a firmar un dictamen". Dicho dictamen es calificado de "correcto" por el perito, que destaca que "la modalidad e escolarización se determinó en base al diagnóstico de un equipo profesional inter y multidisciplinar".