La Asamblea de trabajadores del Área de Derechos Sociales se ha concentrado en la Plaza del Carmen de Granada para exigir al Gobierno municipal y al resto de grupos políticos implicación para concretar medidas que garanticen recursos públicos y refuerzo de personal en una situación "desastrosa" que se ha agudizado por la pandemia.

La concentración se ha presentado como síntoma del hartazgo que vive la plantilla de esta área. Para el sindicato CGT "es el momento de poner pie en pared ante la situación que sufre esta área y el deterioro del servicio público que presta a la ciudadanía". Por ello, los trabajadores piden que el alcalde a la cabeza, el concejal de Derechos Sociales y el resto del equipo de gobierno y oposición expliquen qué medidas se están articulando para hacer frente al problema.

Según CGT, la situación que se arrastraba se ha agravado con la pandemia y las previsiones tampoco son favorables al considerar que en los próximos años esta área va a tener que soportar un aumento de obligaciones para las que no está preparada.  "Parece que ni hay una ampliación de recursos necesarios, ni parece que en el debate de presupuestos esto se piense corregir", declara CGT.

Desde la Asamblea exigen hechos y no palabras, por lo que piden una ampliación del personal público adscrito al Área de Derechos Sociales, en la medida que aumenta la necesidad de atender a la ciudadanía. De la misma manera, consideran que "hay que poner remedio a los problemas organizativos del Área, de coordinación y de recursos para el trabajo presencial y no presencial".

Otras peticiones son la simplificación de trámites y burocracia para agilizar las respuestas y la planificación frente a las necesidades sociales y las posibles emergencias que pudiesen darse. Respecto a la financiación, "el Ayuntamiento tiene que dotarse de presupuesto propio que esté disponible para la necesidad habitual, pero también para la emergencia", lo que va unido al deseo de apostar por lo público y revertir las privatizaciones de estos servicios.

"La REMISA de la Junta de Andalucía y el presupuesto asociado no deben desaparecer con la excusa de la aparición del Ingreso Mínimo Vital estatal. Sigue siendo necesaria y tendrá que adaptarse a la nueva realidad", declara la Asamblea. Además, niegan la gestión o tramitación del Ingreso Mínimo Vital por parte del Ayuntamiento, pues la ayuda se define como un derecho de la ciudadanía y una prestación de la Seguridad Social, careciendo entonces de valoración previa.  

El sindicato concluye que "se pide dignidad y calidad para este trabajo esencial para la ciudad de Granada y su población, por lo tanto, se tiene que dotar de las medidas de prevención y protección adecuadas a nuestras funciones, se tienen que valorar las horas extras y proporcionar medios".