La Audiencia absuelve a Benavides de obstaculizar la labor del Defensor del Pueblo

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada ha dictado sentencia confirmando la absolución de Juan Carlos Benavides por un supuesto delito contra las instituciones del Estado, por obstaculizar las funciones del Defensor del Pueblo Andaluz cuando solicitó distintas informaciones al Ayuntamiento, presidido entonces por el ex alcalde de Convergencia Andaluza.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial, de fecha 25 de marzo de 2014, ratifica la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Motril, en abril de 2013, y que fue recurrida por el Ministerio Fiscal. En la sentencia conocida ayer se falla que se desestima el recurso de apelación promovido por la Fiscalía, indicándose que "es firme", por lo que no cabe recurso alguno.

El Juzgado de lo Penal 1 de Motril absolvió, en abril de 2013, al ex alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), del delito contra las instituciones del Estado por el que fue juzgado en Motril el 8 de abril de 2013, al no quedar acreditado que obstaculizara la función del Defensor del Pueblo Andaluz cuando solicitó información al Consistorio.

En la sentencia se indicaba que en la vista oral no se pudo alcanzar la convicción de que Benavides interviniese en los hechos que se le imputaban, de lo que sólo existía una "mera sospecha" que no puede "enervar" su presunción de inocencia.

El juez sostenía que "no existe ni una sola prueba" que acredite que el acusado ordenase personalmente cuando era alcalde de Almuñécar que se "dificultara, impidiera o obstaculizara" el cumplimiento de lo interesado por el Defensor", aunque sí ha quedado acreditado, por la declaración de los testigos, el "colapso" en el departamento de Asesoría Jurídica que tenía que responder a las cuestiones reclamadas.

La denuncia, que tuvo una amplia difusión mediática, estaba basada en datos facilitados por el gobierno municipal del PP y sus socios de IU, y que según informó el PA en una nota el pasado mes, tergiversaba intencionadamente los hechos para pretender dar una imagen distorsionada de la realidad. La empresa Gráficas Seximar, fue adjudicataria de dos concursos públicos ajustados absolutamente a la Ley de Contratos de las Administraciones Pública.