La Audiencia de Granada revisa hoy la sentencia al ex alcalde de Atarfe

La Audiencia de Granada revisa hoy la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada que condenó a tres años de prisión e inhabilitación por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente al entonces alcalde de Atarfe, el socialista Víctor Sánchez, que recurrió el fallo. Según informaron fuentes judiciales, el tribunal encargado de la revisión será el de la Sección Primera, que analizará a puerta cerrada la sentencia, que lo condenó por su responsabilidad en los vertidos de aguas residuales que afectaron a la urbanización Llanos de Silva de 2001 a 2007.

Tras hacerse pública la resolución judicial, el pasado mes de diciembre de 2009, Sánchez, que se encontraba entonces de baja laboral por su mal estado de salud, anunció su dimisión "irrevocable" y dijo estar en "en profundo desacuerdo" con la misma "tanto en la forma como en el fondo". Sánchez, que fue después sustituido en el cargo por el también socialista Tomás Ruiz Maeso, permanecía en el cargo desde 1991, fecha en la que logró ponerse al frente del Ayuntamiento de Atarfe con mayoría relativa, aunque su carrera política se remonta a muchos años atrás, ya que en 1979 fue elegido como concejal por el PSOE.

En la sentencia que será ahora revisada se consideraba probado que al menos desde el año 2001 y hasta 2007, se produjeron "de forma constante e ininterrumpida vertidos de agua residual incontrolados" debido al "abandono" de las instalaciones de depuración de la urbanización Llanos de Silva, situación que generó "una posibilidad de grave perjuicio para los sistemas naturales y la salud de las personas".

La falta de mantenimiento de la depuradora, el impago de los costes del suministro de energía eléctrica, así como la decisión del alcalde en el 2000 de conectar a la depuradora el saneamiento de aguas residuales de un centro educativo del entorno, llevó a que la depuradora dejara de funcionar. Fue entonces cuando la Asociación de Vecinos presentó repetidos escritos de queja en el Ayuntamiento de Atarfe, "siendo éstos desatendidos por la administración, única competente legalmente en la materia".

Además, el juez consideró entonces que el alcalde hizo "dejación absoluta de sus deberes legales, con la connivencia y colaboración de su concejal de Urbanismo y Obras", al negarse a hacerse cargo del mantenimiento de las instalaciones de depuración.

Evitó la recepción de las obras, aunque de forma paralela fue concediendo a los vecinos de la urbanización Llanos de Silva las correspondientes licencias de ocupación "a sabiendas de que esto generaría aguas residuales que no iban a ser depuradas por falta de mantenimiento".

La grave dejadez de funciones del alcalde, y su decisión de conectar la depuradora al colegio Granada College, "multiplicó" las aguas residuales, según el juez que le condenó.