Los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada han condenado a 16 y 7 años de inhabilitación, respectivamente, a los ex alcaldes de Otura Ignacio Fernández Sanz y Pedro Cabanillas. En su sentencia, hecha pública ayer y que recoge los extremos del acuerdo que alcanzaron las partes el día del juicio, el tribunal considera autor de dos delitos de prevaricación -ordinaria y urbanística- al primero, mientras que al segundo lo condena sólo por prevaricación urbanística.

El juicio, que fue por la concesión de unas licencias para una urbanización que aún no había sido terminada ni recepcionada, fue el pasado 21 de abril, aunque no fue necesaria la práctica de la prueba al mostrar su conformidad con el acuerdo tanto los dos ex regidores como los otros cuatro acusados.

A Fernández-Sanz , que ha estado representado por el abogado Rafael López Guarnido, además de 9 y 7 años de inhabilitación por los dos delitos de prevaricación, se le impone una multa de 4.328 euros. En cuanto al ex alcalde Pedro Cabanillas, cuya defensa ha llevado el letrado Vicente Tovar, además de la pena de 7 años de inhabilitación tendrá que abonar una multa de 3.246 euros.

A la hasta ahora concejal en el Ayuntamiento de Otura María Dolores Dobaño y la ex edil María Antonia López Bascuñana, la Audiencia les condena a multa de 675 euros y a dos años de inhabilitación especial para cargo público, "concretada en obtener cargos análogos a los de alcalde y concejal, y cualquier otro electivo como consecuencia de la celebración de elecciones municipales, generales, autonómicas y europeas". Por último, para el también ex edil Ignacio Pérez Cabrera el castigo es de 7 años de inhabilitación y multa de 3.246 euros. Este caso, según informó Europa Press en su día, llegó a juicio después de que el Juzgado de lo Penal 1 ya condenara a los dos ex alcaldes en enero del pasado año a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público junto a otros dos ex ediles por la compra de un solar para la ampliación del Ayuntamiento, condena que obligó a Cabanillas a presentar su dimisión como alcalde.

Los hechos se remontan al 23 de julio de 2007, cuando Fernández-Sanz y el resto de miembros de la Junta de Gobierno local adoptaron "unánimemente" un acuerdo relativo a la concesión de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización en el Plan Parcial Sector 5 de desarrollo de las Normas Subsidiarias, "conscientes" de que este proceder "era contrario a las normas urbanísticas vigentes", pues les había advertido de ello una técnico, según considera probado la resolución de la Audiencia Provincial de Granada. "Los miembros de la Junta prescindieron, a su vez, del preceptivo informe jurídico sobre adecuación del acto a la legalidad", señala el fallo.

Junto a ello, el 1 de octubre de 2007, también "de forma unánime", votaron favorablemente a la adopción de tres acuerdos por los que se concedía licencia de primera ocupación para 16, 2 y 28 viviendas, respectivamente, en la urbanización aludida, con idénticas infracciones legales", pues las obras continuaban sin estar recepcionadas por el Ayuntamiento de Otura. Las obras tenían "importantes defectos y omisiones".

En su escrito inicial (de conclusiones provisionales), la Fiscalía llegó a pedir para Cabanillas dos años de cárcel y 18 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, unas penas que también solicitaba para los otros ediles, que suscribieron como miembros de la Junta de Gobierno local la operación. Para Fernández Sánz, su petición inicial era de 28 años de inhabilitación y dos años de prisión.