El Ayuntamiento de Granada pide a la Junta diálogo con el sector del taxi ante la regulación de los VTC

El Ayuntamiento de Granada ha mantenido una reunión con la gremial del taxi para acercar posturas y unir fuerzas de cara a la regulación que la Junta de Andalucía prepara de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que entraría en vigor el 1 de octubre, este sábado. En ese encuentro, Raquel Ruz, concejal de Movilidad, ha transmitido su apoyo a un sector "del que dependen 700 familias" y, por ello, ha trasladado pedir, en nombre del Consistorio, al gobierno de Juanma Moreno "diálogo con el sector" para buscar soluciones consensuadas para proteger "un servicio público como es el taxi".

Ruz, que ha participado en la reunión junto al alcalde, ha manifestado su deseo de defender un sector, el del taxi, que "genera trabajo y paga impuestos en España", en contra del sector del VTC que "son empresas que no están regularizadas y pagan sus impuestos fuera de España".

Por su parte, Ramón Alcaraz, presidente de la gremial, ha agradecido el apoyo municipal frente al "decretazo de la Carazo" y ha considerado fundamental que sean las propias ciudades las que regulen la movilidad en sus calles, al tiempo que ha pedido a la Junta que piense en las familias que mantienen un sector con dignidad "contra la precarización que mantienen miles de familias".

Cuatro años que terminan en tres días

El enfrentamiento viene de largo. El 31 de septiembre finaliza el periodo concedido a los VTC por el ministro de Transportes en 2018, José Luis Ábalos, por el que podían operar sin restricciones para compensar la inversión realizada. A partir de ese momento, la actividad deberá regulada por las comunidades autónomas, de lo contrario, el servicio de los VTC pasará a ser sólo interurbana, es decir, que las carreras que podrían hacer sería solo entre los municipios.

Ante esta situación, el decreto que prepara la Junta no convence a los taxistas, que han planteado a la administración autonómica una serie de propuestas, ni a los VTC. Entre las diferencias, destacan la precontratación de los VTC con un mínimo de 15 minutos de antelación.

La administración andaluza tiene previsto habilitar a los VTC que prestan servicio actualmente para que lo sigan haciendo tal como hasta ahora. Frente a esto, el taxi solicita una declaración expresa de su servicio como "de interés general" frente a los VTC. Lo hace en base a una sentencia del Tribunal Supremo que así lo considera y que "justifica medidas regulatorias respecto a servicios análogos en el mismo segmento de mercado".

El taxi, además, exige que haya un intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos entre la solicitud del servicio y la prestación efectiva del mismo, al tiempo que presiona a la Junta para que refuerce las inspecciones a estos vehículos para que cumplan la ley