El Ayuntamiento de Granada ha celebrado hoy la última comisión del año, en este caso la de Economía y Hacienda, en la que se ha aprobado la modificación de las ordenanzas fiscales con el cambio definitivo de la bajada del IBI para el ejercicio de 2023, una medida que se comenzó a tramitar en octubre, que afectará a todos los hogares y por la que se dejarán de ingresar 1,5 millones de euros. 

Se ha aprobado definitivamente en comisión (y el viernes se hará en Pleno) la modificación de las ordenanzas fiscales 3 y 30 para el ejercicio 2023. La ordenanza fiscal 3 es la del IBI y la 20, la tasa por intervención y control de la edificación y actividades. El concejal de Hacienda, José Antonio Huertas, ha explicado que se han recibido 7 alegaciones, 5 de UP y 2 del PP. Las cinco de UP incluían la revisión del callejero fiscal, que aunque no se recoge en el expediente porque es decisión del área y el equipo de Gobierno, "hoy se ha tramitado la instrucción para que se comience a trabajar en la revisión del callejero fiscal sin que suponga un aumento de la presión fiscal", ha anunciado el concejal. Una revisión que se incluía en el acuerdo UP-PSOE y que todavía no se había tramitado. Del resto de alegaciones, se ha desestimado la ampliación de bonificaciones sociales porque asegura que aumentar el número de beneficiarios del IBI social "sería un riesgo para las arcas públicas en 2023" y también se han desestimado la suspensión de la tasa por expedición de documentos administrativos, la de bonificación de recogida de residuos a organizaciones sociales y la de precios de las tarifas del agua. En cuanto a las alegaciones del PP, no se admiten tampoco (eran contra la supresión de la deducción del 20% en la ordenanza 11 de terrazas y la del 35% en la 25 de recogida de residuos) "por no ser cuestión de estos expedientes".

En respuesta al concejal de Hacienda, el edil de UP Francisco Puentedura, ha defendido que las alegaciones pueden plantear nuevas propuestas de acuerdo si lo acepta el Pleno y que "escudarse" en que no entran en el expediente "es un escudo porque capacidad hay si hay voluntad política". Puentedura ha dado un 'aviso' al equipo de Gobierno sobre la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre UP y PSOE. "Es escabullirse del debate y no es lo que debería hacer porque las cinco alegaciones están recogidas en tres acuerdos adoptados con el equipo gobierno, el de la elaboración de las ordenanzas fiscales, el de las 55 medidas entre UP-PSOE y en el acuerdo sobre presupuesto. Estas ordenanzas fiscales nacen con un incumplimiento de lo que negro sobre blanco firmaron PSOE con UP. Solo aceptan una y a regañadientes porque les recordamos que al menos tienen que iniciar el procedimiento de revisión del callejero fiscal que se tendría que haber finalizado en junio de este año".

Sobre el resto de alegaciones rechazadas, lamenta "que no se amplíen bonificaciones sociales" y ha dicho que el rechazo de las alegaciones "se hubiese solventado con una reunión de 15 minutos para hablar, pero la voluntad no existe por el equipo de Gobierno". Sobre no ampliar el IBI social, niega que suponga un riesgo del 60% porque si existiera, ya lo haría con los valores anteriores. También lamenta que no se suprima la tasa por petición de documento público, que cobra 30 euros a cualquier vecino que quiera acceder a un expediente (más cinco euros por copia de hoja", o que no se modifique la tasa de recogida de basura a organizaciones sociales para que no paguen lo mismo que los comercios y tampoco modificar las tarifas del precio del agua "más cuando existe acuerdo de Pleno donde se planteaba la bajada del impuesto del agua y estaba dentro de los acuerdos firmados con el grupo. Y lo que hacen es subirlo. Están incumpliendo los acuerdos", ha dicho Puentedura, que asegura que capacidad económica hay porque la modificación de las ordenanzas del año pasado implicó recaudar 2 millones de euros más, "por lo que había margen para ampliar las modificaciones sociales y vemos que no tienen al menos hoy por hoy voluntad de cumplir". Aún así, han votado a favor del expediente "porque aunque se rechacen nuestras alegaciones no va a tapar que se pactó una bajada de impuestos, aunque nos hubiera gustado negociarlas y que la bajada del IBI fuera progresivo, no lineal".

El PP se ha abstenido porque "no es adecuado el quitar las bonificaciones a la hostelería para seguir ayudando al sector". Al final, la modificación ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y UP y las abstenciones de PP y Vox. 

También se ha aprobado de manera definitiva la ordenanza reguladora del canon de mejora de infraestructuras hidráulicas. Una propuesta de Emasagra en base a las inversiones para la generación de energía renovable por valor de 7,6 millones de euros. Sería para la cogeneración de biogás, energía hidráulica y fotovoltaica, lo que en un futuro redundaría en menos gastos y en una bajada de la tarifa. Se propone una subida del canon de 0,05 euros el metro cúbico, algo que ya se aprobó por mayoría en el Pleno de septiembre. Se han presentado seis alegaciones de UP que se han rechazado todas y se ha aprobado el texto definitivo de septiembre. Puentedura ha reiterado su rechazo al expediente "porque había acuerdo por el que en lugar de subir el recibo del agua había que bajarlo y nos encontramos con una subida para 2023 porque hablamos de nuevo canon como consecuencia de infraestructuras que se tienen que aplicar, pero no estamos de acuerdo en cómo se financian". El concejal de UP ha expuesto que "la empresa tiene capacidad financiera más que sobrada para asumir inversiones y no repercutirlas en el bolsillo de los granadinos", más en una empresa "donde el socio privado se lleva 8 millones de euros". "Si la empresa asumiese el coste de las inversiones al menos conseguimos no tener que aplicar a los granadinos el incremento de tarifas y se reduciría el margen de beneficios y el socio privado ganaría un poco menos porque ha sacado desde que se privatizó 200 millones en beneficios". La votación ha contado con el voto favorable de PSOE y PP, el voto en contra de UP y la abstención de Vox.

Por último, se ha propuesto para aprobación inicial la modificación de la ordenanza fiscal número 36, que habla sobre la Granada Card. En junio se renovó el convenio con la Archidiócesis, Junta, la Abadía del Sacromonte y el Parque de las Ciencias tras 7 años de prórroga y supone una actualización de precios además de contemplar la inclusión de la Casa de Zafra y el Cuarto Real. Ahora se propone una actualización de precios. UP ha mostrado su sorpresa ya que las tasas se modificaron hace dos años. "No entendemos lo que cambia sustancialmente respecto a la última modificación de la tasa. Tampoco entendemos los criterios del estudio económico de 5,86 euros de gastos de comercialización y tampoco se aclara a quién se aplica la tasa, además de no tener en cuenta las alegaciones que mi grupo hizo en su día".

Y ha dado un nuevo aviso al equipo de Gobierno: "No sigan dependiendo de nosotros para sacar expedientes cuando ni los hablan ni los tratan con nosotros. Si quieren sacarlo con Vox o PP son libres, pero nos sentimos liberados hoy por hoy de tener que apoyar este expediente".

El PP lo ha apoyado pidiendo eso sí que en la tramitación definitiva se aclara la tasa y la comisión correspondiente por los ingresos recibidos. Finalmente ha salido adelante con el voto a favor de PSOE y PP y la abstención de Vox y UP. 

En la comisión se ha votado también favorablemente la propuesta de aprobación inicial del expediente de modificación plantilla por promoción interna de grupos A2 y A1 y reestructuración de otras plazas. Según el área, son dos parte: la primera supone el desarrollo de la segunda fase del plan de recursos humanos aprobado en 2019 y la segunda, una reordenación de la plantilla municipal sin incremento presupuestario. 

En cuanto a la primera parte, es la promoción interna de 80 funcionarios para dar cumplimiento al derecho a la carrera profesional y la segunda parte aluda a la reordenación de plazas mediante amortización de unas y creación de otras para racionalizar las estructura del Ayuntamiento ya muy mermada por el plan de ajuste, que obliga a amortizar todas las plazas vacantes por jubilación excepto las de Policía y Bomberos.

Desde PP y UP se ha criticado que se mezclen en un mismo expediente promociones internas y nuevas plazas. La votación ha tenido el apoyo del PSOE y la abstención de PP, UP y Vox, a la espera de lo que se vote en el Pleno del viernes.