El Ayuntamiento de Granada va a quitar 892.880 euros del presupuesto para el pago del consumo eléctrico del alumbrado público para poder hacer frente al pago de una sentencia que ha ganado transportes Rober y para lo que no tiene fondos. El expediente de suplemento de crédito con el aumento y disminución de la partida ha sido hoy sometido favorablemente en comisión de Economía con el único voto a favor del PSOE y la abstención de PP, UP y Vox. 

El Ayuntamiento ha sido condenado en una sentencia del TSJA de junio de este año que obliga al pago en concepto de liquidación por el ejercicio 2016 a Rober de 2,8 millones más los intereses legales. Una cantidad que tras descontarse el IVA quedará en 1,8 millones, cantidad que no tiene el Consistorio dentro de la partida presupuestaria del transporte público ni del abono de sentencias, por lo que ha habido que recurrir a un 'traspaso' de fondos de otra área, algo recurrente en el Ayuntamiento para afrontar pagos de todo tipo. Así, casi 900.000 se sacarán de ese capítulo del consumo eléctrico y el millón que resta irá con cargo a facturas de este ejercicio. 

Lo que ha resultado extraño para la oposición es de dónde se va a sacar ese dinero: de la cuenta del pago de la luz, precisamente en un año con subida de los costes y después de que hace unos meses se incrementara la partida presupuestaria con la previsión de esa subida. ¿Ahora se puede quitar dinero de ahí? Se preguntan los tres partidos de la oposición. 

El concejal de UP, Francisco Puentedura, ha recordado que a primeros de año ya hubo un reconocimiento de 8 millones para operaciones pendientes de presupuesto de Rober. "Ahora nos encontramos con 900.000 euros más y el millón que queda irá con cargo a facturas de este ejercicio para pagar una deuda de 2016. Además, hoy también conocemos que el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar otro 1.500.000 euros a Rober que en función de los intereses de mora tendrá otros 900.000 más y supondrá otro recorte más a las facturas que hay que pagar. Si sumamos el reconocimiento extrajudicial más lo de ahora y la nueva condena, los sobrecostes del transporte público este año respecto a facturas de ejercicios anteriores son 11 millones de euros y nos encontramos que con cargo a presupuesto de 2022 no da ni para pagar la factura del mes de junino. Nos encontraremos con más deudas y sobrecostes y estamos dejando tiritando la partida para transporte y para el pago de sentencias, que tenía 6 millones y ya se quedó a cero. Estamos dejando a la ciudad sin capacidad financiera para pagar sus obligaciones en 2022", expone el edil. 

Además, Puetedura señala que ya hubo una modificación del presupuesto en abril para aumentar 6 millones la partida del suministro eléctrico obligados para cubrir sobrecostes en las facturas con el nuevo contrato. "¿Ahora de forma mágica está sobredimensionada y lo que en abril era necesario, ahora no lo es? Se pregunta el concejal de UP, que acusa al equipo de Gobierno de "vestir santos desvistiendo a otros".

UP ha aprovechado para asegurar que "estas son las consecuencias del modelo de privatización, que secuestra a la economía municipal y al final quienes pagan el rescate son los granadinos", ha dicho Puentedura, que ha acusado al equipo de Gobierno de una "gestión indecente". 

El PP también ha mostrado sus dudas con el expediente. "No acabo de tener claro de dónde se saca el dinero. No me cuadra. Tenemos prórrogas del contrato de la luz con Endesa y damos patadas adelante para pagar servicios que habrá que pagar después con intereses de demora y lo sacamos de una partida de consumo eléctrico cuando los recibos suben para todos menos, parece, para el Ayuntamiento", ha dicho Luis González.

Según González, de los 5,3 millones de euros para el consumo eléctrico del presupuesto municipal a 30 de septiembre ya había más de 3 millones gastados. "Queda un millón y medio para acabar el año y si ahora sacamos 900.000 euros, ¿no van a hacer falta?", se pregunta. "O se anunció una subida millonaria del presupuesto con imprevisión o las previsiones de consumo no cuadran", lamenta el PP. 

Desde Vox, su portavoz, Beatriz Sánchez, ha pedido un informe del servicio de Instalaciones para conocer por qué se puede bajar la partida de consumo eléctrico. En respuesta, la concejal de Economía, Raquel Ruz, ha dicho que a esta altura del año ya hay una previsión del coste total y se ha visto que "esa partida está sobredimensionada y se puede reducir en ese importe sin afectar al servicio". 

Aclaración del interventor

El interventor municipal ha tenido que aclarar la situación y ha explicado que cuando finalizó el contrato de suministro eléctrico con Endesa SAU a primeros de año, el Ayuntamiento hizo una prórroga forzosa del servicio acogiéndose a la Ley de Contratos del Sector Público. Algo a lo que Endesa se negó porque se niega a reconocer esa prórroga forzosa y entiende entonces que el Ayuntamiento se queda sin contrato. En esos casos la legislación eléctrica dice que el coste pasa a regirse por la tarifa del último recurso y la empresa cambia la facturación y la hace a través de Endesa 21. Un cambio que no asume el Ayuntamiento, que rechaza las facturas porque entiende que quien debe facturar es Endesa SAU, que es con quien tiene el contrato y con quien, por cierto, ya tiene de nuevo adjudicada la mayor parte del servicio. 

"Esas facturas rechazadas generan ese ahorro del que ahora se está tirando", aclara el interventor. ¿Y qué pasa entonces con esas facturas y su pago? Pues Endesa ha puesto una reclamación patrimonial que tendrán que resolver ya los tribunales, algo que no llegará ni este año ni el que viene y que se tendrá que afrontar, por tanto, cuando llegue la sentencia. El procedimiento judicial está en fase de prueba pendiente de prueba pericial, ha aclarado también la asesoría jurídica.

Por esto, desde la oposición se ha criticado que esto sea "una patada hacia adelante" que traslade el problema económico a futuro. UP ha llegado a pedir que se deje sobre la mesa el expediente, pero finalmente se ha votado favorable con la abstención de toda la oposición porque hay que pagar la sentencia y llegará al Pleno de este mes.