Además de acudir a la justicia, el funcionario que ha denunciado acoso laboral continuado durante años por parte de sus superiores, activó también uno de los mecanismos recientes del Ayuntamiento de Granada (puesto en marcha en 2016), que es la Comisión de Análisis y Valoración contra el acoso y la discriminación laboral.

El caso de M. N. S., elevado a este órgano en enero de 2017, activó el protocolo de acoso y propició una larga investigación interna que finalizó con un reciente decreto de la Concejalía de Personal (de 9 de mayo de 2018).

Esa resolución del gobierno socialista recoge los "indicios de acoso laboral" que se pusieron de relieve en esa investigación y propone la adopción de medidas subsanadoras en lo que se refiere a la separación física del denunciante del resto del servicio de la Asesoría Jurídica municipal. Pero también incide en la necesidad de poner a sus disposición los medios necesarios e integrarlo en el reparto de asuntos judiciales a atender, del que al parecer habría quedado excluido años atrás.

Este funcionario tuvo sonadas discrepancias ya hace más de una década con determinados cargos de Urbanismo por el tratamiento de algunos asuntos que podría favorecer los intereses de algunos promotores privados. Hay que tener en cuenta que M. N. S. era el encargado de los litigios relacionados con esta parcela municipal y entre ellos había reclamaciones económicas a empresarios de la construcción.

El denunciante aseguró que esos conflictos le llevaron a ser apartado de la Gerencia de Urbanismo y paulatinamente ser orillado en el Ayuntamiento, bajo el gobierno del PP. Llegó a denunciar en 2008 algunos de estos hechos, pero, como recoge ahora la Audiencia, en esos momentos no estaba aún tipificado el delito de acoso laboral/funcionarial.