Granada

El Ayuntamiento ya ha destinado 19 millones a resolver pufos del PP

  • La capital llega a un acuerdo para indemnizar a los propietarios de Villa Pineda para el desbloqueo del plan

Los terrenos están muy deteriorados. Los terrenos están muy deteriorados.

Los terrenos están muy deteriorados. / c. g.

La Junta de Gobierno Local aprobó ayer un nuevo palo a las arcas municipales como consecuencia de la gestión del anterior equipo de Gobierno popular en la capital. Se trata del convenio urbanístico para desbloquear el área de reforma de Villa Pineda. Según detalló el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid y tal como relató este periódico el pasado mes de junio, la justicia anuló el convenio que el Ayuntamiento había firmado con la familia porque era inviable se ha llegado a cabo a otro acuerdo mediante indemnización. Así, la ciudad se compromete a devolver 1,2 millones de euros "a plazos".

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, confió en que este acuerdo contribuya a la resolución judicial del caso después de que el Ayuntamiento atienda, mediante este convenio, a la solicitud del demandante. El acuerdo afectará además además a una parcela de la calle San Jerónimo de la barriada de San Francisco Javier, asociada a la citada área de reforma del Plan General de Ordenación Urbana en Villa Pineda.

El PSOE lamenta este "nuevo caso" de mala gestión urbanística durante la etapa del PP

El edil lamentó que "un nuevo caso de mala gestión urbanística" correspondiente a la etapa del Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Granada "termina recayendo en el conjunto de los ciudadanos". Por su parte la primera teniente de alcalde, Ana Muñoz, calificó dicha gestión de "temeraria" e "irresponsable", por la que "habrá que pedir responsabilidades", y lamentó que la ciudad haya tenido que destinar hasta la fecha aproximadamente 19 millones de euros para la resolución de casos urbanísticos judicializados de la etapa del PP, con "tantas demandas que hay por parte de las asociaciones de vecinos y los colectivos".

El conflicto se remonta a 2007, cuando el entonces concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo firmó un convenio con varios promotores para construir en esta parcela por el que el Ayuntamiento llegó a cobrar 4,5 millones de euros por los terrenos y derechos urbanísticos obviando que, parte de los mismos, eran propiedad de terceros a quienes no notificó "nada" como si no fueran una parte interesada en la operación. Ante esta situación, las familias afectadas decidieron reclamar. Sin embargo, Urbanismo siguió adelante con la tramitación al entender que los propietarios habían incumplido, por otra parte, sus obligaciones al no haber desarrollado los terrenos. Finalmente, dos juzgados de Granada anularon el convenio y el Plan de Reparcelación y censuraron al Ayuntamiento por no tener en cuenta a estos particulares que debían ser compensados.

Desde entonces, la construcción quedó en stand by ante la imposibilidad del Ayuntamiento de cumplir la sentencia.

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