Disfrutar de un refrescante baño con vistas a Sierra Nevada en una piscina situada en lo más alto de un edificio de lujo. Ese era el principal atractivo de Infinity, una fallida promoción inmobiliaria que, impulsada por Projimosa y situada junto al Estadio de la Juventud, se convirtió muy pronto en un nuevo embrollo urbanístico durante la etapa de gestión del PP en el Ayuntamiento de Granada. Un conflicto que se arrastra hasta estos días y que está a punto de desbloquearse después de que el área de Urbanismo, ya en manos del PSOE, haya llegado a un acuerdo con las familias afectadas.

El conflicto se remonta a 2007, cuando el entonces concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo firmó un convenio con varios promotores para construir en esta parcela por el que el Ayuntamiento llegó a cobrar 4,5 millones de euros por los terrenos y derechos urbanísticos obviando que, parte de los mismos, eran propiedad de terceros a quienes no notificó "nada" como si no fueran una parte interesada en la operación.

Ante esta situación, las familias afectadas decidieron reclamar. Sin embargo, Urbanismo siguió adelante con la tramitación al entender que los propietarios habían incumplido, por otra parte, sus obligaciones al no haber desarrollado los terrenos. Finalmente, dos juzgados de Granada anularon el convenio y el Plan de Reparcelación y censuraron al Ayuntamiento por no tener en cuenta a estos particulares que debían ser compensados.

Desde entonces, la construcción quedó en stand by ante la imposibilidad del Ayuntamiento de cumplir la sentencia después de que quebrara Projimosa y entidades bancarias pasaron a ser propietarias. La tardanza para desbloquear este proyecto ha provocado, incluso, que la parcela de Villa Pineda haya quedado sumida en un auténtico estado de abandono. Durante años, una caseta de madera era protagonista en este solar que queda a la orilla del Camino de Ronda donde hasta hacer poco había un cartel de Projimosa que publicitaba otra edificación en la Costa. La caseta ardió en junio de 2016 después de que la empresa promotora quebrara en 2015. Ahora, los terrenos han sido tomados por okupas que han hecho de este espacio su residencia tal y como comprobó ayer este periódico. Una situación que podría revertirse en breve si se cumple el convenio urbanístico que ha puesto punto y final al conflicto entre la capital y las familias. Según el expediente al que ha tenido acceso Granada Hoy, el Ayuntamiento ha acordado imdenizarlas con 1.122.298 euros. Sin embargo, realmente en metálico sólo cobrarán 320.000 euros en dos pagos.

El resto de la compensación económica será descontada de las cantidades que las familias deberían haber invertido en la urbanización de otra parcela en la calle San Jerónimo de la barriada de San Francisco. El motivo es que, realmente, las familias afectadas tenían derechos sobre Villa Pineda por ser propietarias de una enorme manzana en la barriada de San Francisco. Dado que ésta no se puede edificar como quisieran por la limitación de las unidades de aprovechamiento que impone el PGOU, la ciudad decidió compensarles con los citados derechos en Villa Pineda. Los mismos que fueron obviados después por el entonces gobierno popular para la construcción de la promoción de Infinity, origen del conflicto.

El Ayuntamiento entiende que estas familias no cumplieron su parte al no realizar las obras de urbanización por lo que ha decidido ejecutarlas y descontarles las cantidades de la indemnización. Así, el convenio supone un doble desbloqueo. Por un lado, las entidades bancarias que se quedaron con la parcela de Villa Pineda tras la quiebra de la promotora principal Projimosa tendrán vía libre para construir. Pero, además, el convenio beneficia al área de Reforma de la Barriada de San Francisco.