El Ayuntamiento pagó servicios extra de TG7 con dinero de Emasagra e Inagra

Lejos de aclarar el proceder de la televisión local durante los años 2013-2015, las últimas explicaciones que ha dado la productora CBM han enredado más la maraña del caso TG7 desvelando nuevas prácticas, cuanto menos poco claras. La última novedad que inquietó al equipo de gobierno socialista fue saber que además de los 548.000 euros en servicios extraordinarios sin dotación presupuestaria que la productora le reclama a la ciudad, había 315.000 euros que la productora daba por cobrados sin que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de haberlos pagado. Para explicar esta circunstancia, el Ayuntamiento requirió a CBM para que contestara en 15 días y aclarara de dónde salieron esos 315.000 euros.

En su escrito la productora desvela ahora que el 1 de julio de 2015 se firmó un convenio entre Juan Antonio Fuentes (entonces concejal responsable de TG7) y Raúl Berdonés, en representación de CBM, en el que acordaban "un sistema de pagos por sponsorización " para liquidar esos servicios extraordinarios. Según las facturas aportadas por la productora los sponsors fueron Inagra y Emasagra, quienes pagaron campañas publicitarias cuyo dinero se destinó al pago de unos servicios extraordinarios que a día de hoy siguen sin detallarse. Lo más curioso es que el convenio se firmó en 2015 pero los pagos de estas empresas con este fin se venían efectuando desde 2013.

En su informe, CBM dice que la coordinadora del servicio de información justificó estos gastos extraordinarios en "una mayor carga de producción en los meses en que se refiere la citada factura" y afirma que eran "imprescindibles para atender las necesidades". Pero los gastos se hicieron sin procedimiento administrativo. El convenio que ahora aporta CBM no pasó por ninguna junta de gobierno local y no estuvo fiscalizado por ningún órgano de gestión.

El próximo lunes habrá otra comisión de seguimiento de TG7 en la que el portavoz de IU, Francisco Puentedura, pedirá que toda esta información forme parte de las conclusiones de la comisión de investigación y que se acompañe de un informe jurídico que vaya a la Fiscalía en el que se detalle cómo se financiaba la televisión municipal.

Además se propondrá que comiencen las comparecencias de todos los implicados en este asunto, entre ellos responsables de CBM y de las empresas municipales implicadas.