Granada

Benavides justifica su falta de respuesta al Defensor en el colapso administrativo

  • Ahora se le juzga por un delito contra las instituciones del Estado por negarse a colaborar

El Juzgado de lo Penal número 1 de Motril dejó visto para sentencia el caso contra el ex alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, por un presunto delito contra las instituciones del Estado, por su falta de colaboración "sistemática y persistente" con el Defensor del Pueblo Andaluz, durante el periodo 2006-2008, años en los que estaba al frente del Consistorio sexitano.

Tras la celebración de la vista oral, el fiscal se reiteró en su petición de nueve meses de privación de libertad y dos años de suspensión de empleo o cargo público.

La Fiscalía considera a Benavides responsable de obstacularizar la investigación del Defensor dilatando indebidamente el envío de los informes sobre 6 quejas, por lo que le aplica el artículo 502.2 del Código Penal.

El ex alcalde de Almuñécar rechazó los argumentos del fiscal de no querer colaborar, e indicó que de las 250 peticiones que en esos años recibió de la oficina de esta institución, sólo 6 se quedaron sin responder y si no se contestaron fue porque la asesoría jurídica se encontraba "atascada". También señaló el ex regidor que en varios expedientes había dado instruccciones al concejal de Urbanismo y puesto de su puño y letra, entre signos de admiración: "proceder a contestar". Asimismo, Benavides reiteró su voluntad de colaborar en todo momento con el Defensor del Pueblo, "como es mi obligación".

Benavides señaló que él personalmente no podía contestar a las 100.000 instancias que en el registro municipal se presentaron a su nombre entre 2005-2010 y que por ello delegó la relación con otras administraciones o instituciones primero a Miguel Ávila, entre los años 2003 a 2007, y a partir de entonces a Eva Gaitán.

Benavides indicó que tras la acusación del Defenor adoptaron unas medidas para desatascar la asesoría jurídica, que con el boom urbanístico recogían "más de un millar de peticiones de información, de las que más del 60% eran peticiones judiciales", y ya que el responsable de este área "no tenía ocho manos ni dos cabezas", liberaron de otras tareas, le pusieron de tiempo parcial a tiempo completo, incorporaron a una auxiliar y ordenó a Gaitán que "hiciera un especial seguimiento del tema".

El fiscal afirmó que el mismo día en el que fue publicado en prensa fue remitido un dossier referente a los expedientes de queja al Defensor del Pueblo a través de una empresa de mensajería. El ex alcalde respondió que ya existía una intención de mandarlo, pero que "el responsable de la asesoría jurídica se encontraba de vacaciones".

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