Benavides testifica el 13 de octubre en el caso del Mercado de Almuñécar

El ex alcalde de Almuñécar Juan Carlos Benavides tendrá que comparecer el próximo día 13 de octubre en el Juzgado de Instrucción 1 de Almuñécar para ser interrogado como testigo en el caso de las obras del mercado del municipio, en el que se investiga si la actual alcaldesa sexitana, Trinidad Herrera (PP), pudo haber prevaricado por un supuesto incumplimiento de los acuerdos del pleno, según informaron fuentes judiciales.

La comparecencia de Benavides estaba prevista para el pasado 21 de julio, pero tuvo que ser aplazada "por encontrarse de viaje". Aquel día también estaba citado como testigo el concejal del PSOE Francisco Prados, pero igualmente tuvo que ser suspendido su interrogatorio "por enfermedad".

Las fuentes consultadas precisaron que la acusación particular que ejerce la mercantil denunciante, Movimientos de Tierras Hermanos García Motril, ha pedido que se interrogue también como testigo al secretario que ostentaba el cargo cuando se pidió el cumplimiento de los acuerdos del pleno.

Este caso se inició en mayo, cuando el juez admitió a trámite una denuncia de la empresa concesionaria de las obras de parking subterráneo del Mercado Municipal contra la alcaldesa de ese municipio, Trinidad Herrera Lorente (PP), por supuesta prevaricación administrativa. La mercantil denunciante, Movimientos de Tierras Hermanos García Motril, acusaba en su denuncia a la regidora de no dar cumplimiento a los acuerdos aprobados el año pasado por el Pleno del Ayuntamiento para solventar la situación de deterioro del recinto, hechos que trata de esclarecer ahora el juzgado.

De hecho, el juez ordenó a principios de verano que se pidiera al Ayuntamiento "copia íntegra" de los expedientes iniciados con motivo de los requerimientos de la denunciante para la ejecución del acuerdo del Pleno del 10 de junio de 2014. En ese Pleno se acordó que el Consistorio debía solicitar la emisión de informes a los colegios profesionales de Arquitectos y Economistas a fin de que sirvieran de base para alcanzar un acuerdo negociado con la concesionaria, después de que ésta pidiera en 2013 la resolución del contrato tras constatar el estado de deterioro del recinto y su petición fuese rechazada, acordando la administración local el inicio de un proceso de resolución del contrato "por incumplimiento del contratista".