Comisiones Obreras ha denunciado las prácticas antisindicales con las que la cooperativa de supermercados Covirán ha respondido a sus reclamaciones, por lo que el sindicato activará acciones judiciales.

CCOO ha atisbado estas prácticas represivas que achaca a Covirán desde el reciente despido disciplinario del presidente del comité de empresa del centro de trabajo de Atarfe, una decisión que han vinculado a las reclamaciones presentadas por el sindicato.

El secretario general de CCOO Servicios Granada, Roberto Ariza, ha considerado que Covirán ha marcado un cambio de paso en su relación con el sindicato al que responderán con acciones judiciales y sindicales.

"No es de recibo que una empresa que hace de la Responsabilidad Corporativa su marca llegue a estos extremos inadmisibles", ha añadido en alusión al despido disciplinario que se materializó después de que Covirán le abriera un expediente disciplinario.

El sindicato ha anunciado que impugnará el despido por vía judicial y ha lamentado que esta sanción sea la reacción de la dirección frente a dos conflictos colectivos interpuestos por CCOO, uno en Granada y otro en la Audiencia Nacional.

Motivos de seguridad de los trabajadores, según Covirán

Por su parte, Covirán afirma que su decisión "está basada única y exclusivamente en motivos de seguridad y salud de los trabajadores". La empresa afirma que "antes, durante y después de la pandemia, la salud de nuestros empleados ha sido lo más importante y se antepone a todo, incluido el negocio".

El motivo que ha desencadenado esta circunstancia es, según la versión de la empresa, "la vulneración, consciente y deliberada, de un protocolo esencial de seguridad que puso en peligro a muchos compañeros y que en ninguna circunstancia debería tolerarse o pasarse por alto".

Covirán rechaza las afirmaciones de CCOO, sindicato del que espera "una mayor sensibilidad por la protección de las personas trabajadoras en un sector que ha dado lo mejor de sí mismo como servicio esencial desde que se desató la pandemia". Lamentan y rechazan que "se antepongan intereses y luchas sindicales por delante de la seguridad de las personas a quienes los sindicatos también tienen el deber de proteger".